Las audiencias de esta semana dejaron expuesto que Contratos Truchos II apunta al corazón político del desfalco legislativo. En ese escenario, los señalamientos documentales sobre cientos de cheques cobrados por Diego Lara vuelven institucionalmente insostenible su continuidad al frente del organismo que debe controlar las cuentas públicas.
La discusión ya no gira solamente alrededor de los 32 imputados originales, los estudios contables, los contratistas o los empleados legislativos. La apertura de Contratos Truchos II puso en escena a quienes tuvieron responsabilidad política en la Legislatura de Entre Ríos durante el período investigado, entre 2008 y 2018.
Según se informó en las audiencias, la Fiscalía incorporó los 770 contratos sospechados como ilegítimos, documentación bancaria, datos fiscales, patrimoniales y prueba vinculada al circuito de pagos. También se discutió la situación de testigos que, en realidad, podrían estar alcanzados por la nueva investigación. Las defensas fueron directas: si Contratos Truchos II investiga a las autoridades de las Cámaras de Senadores y Diputados, ambas causas deberían tramitar juntas porque los hechos, los nombres y la prueba se cruzan.
La lista pública de la segunda causa ya incluye nombres centrales del poder entrerriano: Sergio Urribarri, José Eduardo Lauritto, Adán Humberto Bahl, Aldo Ballestena, Ángel Giano, José Ángel Allende y Juan José Cáceres, entre otros dirigentes que ocuparon lugares de conducción política en la Legislatura provincial.
Pero hay otro nombre que no puede seguir siendo tratado como un dato marginal: Diego Lucio Nicolás Lara, actual presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
Lara fue denunciado por Carlos Guillermo Reggiardo y aparece señalado en publicaciones y documentación vinculada a la causa por el cobro de cientos de cheques relacionados con contratos legislativos irregulares. La información difundida habla de 546 pagos cobrados por Diego Lara y su pareja, y de al menos 165 cheques atribuidos directamente a Lara, con endosos y cobros por ventanilla.
Ese dato es central porque la causa Contratos Truchos no investiga una idea abstracta de corrupción. Investiga un mecanismo concreto: contratos apócrifos, cheques emitidos desde la Legislatura, endosos, personas que prestaban el nombre, cobradores, retiro de dinero por ventanilla y circulación final de fondos públicos.
En otras palabras: el expediente se explica siguiendo la ruta del dinero.
Y si la ruta del dinero muestra cheques, endosos y cobros vinculados a Diego Lara, su continuidad al frente del Tribunal de Cuentas se vuelve institucionalmente insostenible.
El Tribunal de Cuentas no es una oficina menor. Es el órgano constitucional que debe controlar el uso de los recursos públicos, observar irregularidades, auditar rendiciones, formular cargos patrimoniales y exigir responsabilidad a funcionarios, municipios, comunas y organismos estatales. No puede estar presidido por una persona cuyo nombre aparece asociado a la trama documental del mayor desfalco legislativo de la historia provincial.
La contradicción es demasiado grande: mientras el Tribunal de Cuentas persigue expedientes administrativos contra intendentes o funcionarios por rendiciones, obras, contrataciones o supuestas irregularidades formales, su presidente debe explicar por qué aparece vinculado a cientos de pagos provenientes del sistema de contratos truchos.
La discusión tampoco puede reducirse a si Lara está o no formalmente imputado hoy. La vara institucional debe ser más alta. Si Contratos Truchos II fue abierta para investigar a los responsables políticos y si las defensas sostienen que esa causa es inseparable de la primera, entonces todos los nombres vinculados al circuito del dinero deben quedar bajo revisión pública e institucional.
Incluso bajo la hipótesis penal más conservadora —peculado imprudente o responsabilidad por omisión de control— el cuadro es gravísimo. Porque significaría que durante una década el poder político permitió que se extrajeran fondos públicos de la Legislatura mediante un sistema organizado de contratos falsos. Pero en el caso de quienes aparecen vinculados al cobro de cheques, la discusión es todavía más seria: ya no se trata solamente de no haber controlado, sino de explicar la presencia documental en la ruta material del dinero.
Por eso Diego Lara debe pedir licencia.
No como condena anticipada. No como gesto simbólico. Como exigencia mínima de transparencia institucional.
No puede controlar las cuentas públicas de Entre Ríos quien aparece mencionado en el camino del dinero de Contratos Truchos II. No puede auditar a otros mientras debe explicaciones sobre cheques, endosos y cobros por ventanilla. No puede presidir el órgano de control de la provincia mientras la causa empieza a mirar hacia arriba y a reconstruir quiénes fueron los responsables políticos, funcionales y económicos del desfalco.
La causa ya no permite medias tintas.
Contratos Truchos II abrió la puerta que durante años se intentó mantener cerrada: la del poder político. Y en esa puerta aparecen nombres, cargos, contratos, cheques y documentación.
Diego Lara, presidente del Tribunal de Cuentas, debe apartarse hasta que se esclarezca su situación.
