José Carlos Halle no es un jubilado cualquiera. Fue juez, funcionario provincial, secretario de Justicia, intendente de Paraná y titular del EPRE. También es el esposo de Rosario Romero, actual intendenta de Paraná. Su caso vuelve incómoda una pregunta que la política evita: ¿cómo puede el sistema previsional entrerriano pagar jubilaciones que superan largamente el ingreso de funcionarios activos, docentes, enfermeros e incluso ex gobernadores?
La reforma previsional de Entre Ríos no puede discutirse seriamente si el debate empieza por los docentes, los enfermeros o los empleados públicos de menores ingresos. Ese es el truco habitual: cuando la Caja cruje, se muestra al trabajador común; cuando aparecen los números grandes, se habla de “derechos adquiridos”; y cuando alguien pregunta por los haberes más altos, la discusión se vuelve corporativa, técnica o directamente silenciosa.
El caso de José Carlos Halle obliga a correr el velo.
Halle fue intendente de Paraná entre 2007 y 2011. Antes ocupó cargos relevantes en el Estado provincial, fue secretario de Justicia durante el gobierno de Jorge Busti y también se desempeñó en la Justicia como juez de instrucción y juez correccional. Más tarde recaló en el EPRE, el Ente Provincial Regulador de la Energía, organismo que durante años fue presentado como pieza técnica del sistema eléctrico provincial, aunque en los hechos funcionó como otra estructura estatal dentro del Estado.
No se trata de un jubilado anónimo ni de alguien que simplemente cumplió una carrera administrativa. Se trata de un dirigente que recorrió durante décadas los principales circuitos del poder entrerriano: la Justicia, el Ejecutivo, la Municipalidad de Paraná, los entes reguladores y la política partidaria. Además, es el esposo de Rosario Romero, actual intendenta de Paraná y exministra de Gobierno de la provincia.
Por eso el dato previsional no es menor. Si las cifras que circulan en torno a su haber jubilatorio se aproximan a los 20 millones de pesos mensuales, la comparación resulta políticamente explosiva. Un funcionario activo de rango ministerial se ubica muy por debajo de esa cifra. Un docente o un enfermero están directamente en otro planeta salarial. Y hasta la jubilación de un exgobernador aparece por debajo de esos niveles, según antecedentes públicos de haberes difundidos en años anteriores.
Ahí está el problema.
No en la jubilación digna de quien trabajó toda su vida. No en el 82% móvil como principio general. No en el docente que aportó décadas ni en la enfermera que sostuvo guardias con sueldos bajos. El problema aparece cuando el sistema produce haberes previsionales extraordinarios para quienes ocuparon lugares privilegiados dentro del propio Estado que diseñó las reglas.
La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos llega a este debate con números delicados. Según datos publicados por Análisis, la CAJPER paga cada mes jubilaciones por un monto que supera en un 32% lo que recauda por aportes; además, la relación entre activos y pasivos es de apenas 1,88 a 1, muy lejos de la proporción que necesita un sistema de reparto para sostenerse sin asistencia externa. También se informó que, al asumir la actual gestión, existían 98 escalafones en déficit y que los aportes cubrían apenas el 60% de las prestaciones.
Ese cuadro no se explica solamente por los salarios docentes ni por los trabajadores de salud. Se explica por una arquitectura política, administrativa y judicial que durante décadas produjo regímenes, escalafones, cargos, enganches y beneficios difíciles de sostener.
El caso del EPRE es particularmente gráfico. Fue creado como un ente regulador de la energía en una provincia donde el Estado conservó una fuerte presencia en el sistema eléctrico. Es decir: una estructura estatal regulando una actividad profundamente atravesada por el propio Estado. De allí surgieron algunos de los haberes más altos del universo previsional entrerriano, con nombres como Francisco Taibi mencionados en las discusiones sobre los jubilados más caros de la provincia.
Halle también pasó por allí.
Y entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué se premia en el sistema previsional entrerriano? ¿La función real? ¿La responsabilidad efectiva? ¿Los años de trabajo? ¿O la capacidad de haber circulado por los lugares correctos del poder durante el tiempo suficiente?
La discusión se vuelve todavía más áspera cuando se recuerda la gestión de Daniel Elías al frente de la Caja. Elías condujo el organismo durante casi 17 años. Bajo ese período, Análisis reveló el escándalo de jubilaciones pagadas a beneficiarios fallecidos. Se habló de alrededor de 80 casos y de haberes que se siguieron abonando durante años. Luego hubo sumarios, actuaciones administrativas y señalamientos hacia la conducción del organismo. Es decir: el mismo sistema que hoy pide sacrificios a los trabajadores tuvo durante años fallas gravísimas de control.
Cuando se habla de reforma previsional, aparecen los docentes como problema. Cuando se habla de déficit, aparecen los enfermeros. Cuando se habla de sostenibilidad, aparecen los empleados públicos. Pero pocas veces se empieza por los nombres propios de la cúspide: ex jueces, ex funcionarios, ex intendentes, ex titulares de entes, miembros del Poder Judicial y dirigentes que convirtieron al Estado en carrera, refugio y jubilación privilegiada.
Halle incomoda porque sintetiza ese recorrido. No es solamente un haber alto. Es una biografía estatal completa. Justicia, política, municipio, EPRE y jubilación. Mientras tanto, un ministro activo cobra bastante menos por administrar áreas completas del Estado. Un docente cobra una fracción. Un enfermero, menos todavía. Y el contribuyente común mira la escena con una mezcla de bronca y cansancio.
Algo anda mal. Deben discutirse las jubilaciones de privilegio, los enganches de los sectores altos, los escalafones deficitarios, los entes que funcionaron como refugios políticos y la responsabilidad de quienes administraron la Caja durante años. Tampoco puede haber una discusión honesta si jueces y exfuncionarios se esconden detrás de maestros, enfermeros y jubilados comunes para defender un esquema que benefició sobre todo a los de arriba.
Entre Ríos no está fundida por la maestra rural. No está fundida por el enfermero del hospital. No está fundida por el empleado que llega raspando a fin de mes. Entre Ríos está fundida por décadas de una política que se pareció demasiado a la Justicia y de una Justicia que se pareció demasiado a la política. Por una provincia donde algunos hicieron del Estado una escalera perfecta: cargo, influencia, jubilación y silencio.
El caso Halle no agota el problema, casos como las jubilaciones de favor o pensiones truchas como la de la mamà de Laura Stratta agravan la discusion. Pero lo muestra con brutal claridad. Cuando un jubilado del poder puede cobrar más que un ministro activo, más que trabajadores esenciales y eventualmente más que un exgobernador, la pregunta ya no es si hay que reformar la Caja.
La pregunta es quién se llevó la Caja puesta.
