El megacomplejo deportivo que se levanta en el Acceso Norte de Paraná es presentado como una inversión privada. Sin embargo, la participación comunicacional de altos funcionarios municipales abre interrogantes sobre los límites institucionales, los conflictos de intereses y la transparencia en la relación entre el Estado y los emprendimientos particulares.
Mientras las máquinas avanzan sobre las más de 50 hectáreas donde se construye City Park, el emprendimiento deportivo e inmobiliario que promete transformarse en uno de los complejos más importantes de la región, una pregunta comienza a circular en los ámbitos políticos y empresariales de Paraná: ¿qué papel cumple exactamente la Municipalidad en este proyecto?
La pregunta no surge por la existencia de la obra, ni por la llegada de inversiones privadas, algo que cualquier ciudad necesita y debería celebrar. El interrogante aparece cuando funcionarios de primera línea del gobierno municipal comienzan a asumir públicamente un protagonismo que excede la mera promoción institucional.
En distintos registros audiovisuales y publicaciones difundidas en redes sociales, el Jefe de Gabinete de Paraná, Santiago Halle, aparece recorriendo el predio y utilizando expresiones que podrían interpretarse como una apropiación institucional de una obra que públicamente es presentada como privada. Frases como «estamos construyendo», «avanzamos con este proyecto» o referencias similares generan inevitablemente una confusión que merece ser aclarada.
Porque si City Park es una inversión privada, financiada y ejecutada por particulares, corresponde preguntarse por qué un funcionario municipal habla de ella como si se tratara de una obra pública o de un emprendimiento compartido.
La cuestión no es menor.
En democracia existen razones muy concretas para mantener una saludable distancia entre quienes ejercen funciones públicas y quienes desarrollan negocios privados que, directa o indirectamente, dependen de autorizaciones, habilitaciones, cambios de uso de suelo, permisos ambientales, infraestructura urbana o beneficios otorgados por el Estado.
La transparencia no solamente exige actuar correctamente; también exige evitar situaciones que puedan generar dudas razonables en la ciudadanía.
Por ello, el debate no pasa por cuestionar la inversión ni el desarrollo del emprendimiento. El verdadero debate consiste en determinar cuál es la relación existente entre el Municipio y City Park.
¿Existe algún convenio de colaboración?
¿Se otorgaron beneficios fiscales?
¿Se realizaron obras de infraestructura financiadas con recursos públicos para favorecer el emprendimiento?
¿Hubo modificaciones urbanísticas específicas?
¿Intervino la Municipalidad en la gestión comercial o promocional del proyecto?
¿Se trata simplemente de acompañamiento institucional o existe una participación más profunda?
Todas son preguntas legítimas.
Más aún en una provincia donde las experiencias vinculadas a contrataciones públicas, concesiones, desarrollos inmobiliarios y beneficios otorgados desde el poder político han generado históricamente controversias y denuncias.
El problema tampoco es jurídico en primera instancia, sino institucional.
Para hablar de delitos como negociaciones incompatibles con la función pública o tráfico de influencias se requieren pruebas concretas, documentación y elementos objetivos. Pero antes de llegar a ese terreno existe otro más básico: el de la ética pública.
La Ley de Ética Pública y los principios modernos de gobierno abierto exigen que los funcionarios eviten situaciones que puedan ser interpretadas como una identificación excesiva con intereses privados.
Cuando un funcionario aparece promocionando un emprendimiento privado como si fuera una obra propia del Estado, la frontera entre ambos mundos comienza a desdibujarse.
Y cuando esa frontera se vuelve difusa, la transparencia deja de ser una virtud para convertirse en una necesidad urgente.
La Municipalidad de Paraná tiene la oportunidad de despejar cualquier duda con absoluta sencillez.
Bastaría con informar públicamente cuál es la participación concreta del Estado municipal en el proyecto City Park, qué expedientes administrativos lo involucran, qué autorizaciones se otorgaron, qué obras públicas se ejecutaron en su beneficio y cuál es el alcance real de la intervención de los funcionarios municipales.
Porque si se trata exclusivamente de una inversión privada, corresponde que así quede claramente establecido.
Y si existe algún grado de participación estatal, la ciudadanía tiene derecho a conocerlo.
Después de todo, cuando se administra la cosa pública, las apariencias también importan. Y en materia de transparencia, las preguntas incómodas suelen ser las más necesarias.
