Mientras el procurador Jorge García conserva poder dentro del Ministerio Público Fiscal y el gobierno provincial sostiene una relación cada vez más funcional con esa estructura, Entre Ríos sigue sin mostrar una política criminal seria, sostenida y verificable frente a los abusos sexuales cometidos contra niños. La condena a dos hombres por abusar de una niña en Urdinarrain, con penas de seis y ocho años, no puede leerse como un hecho aislado: es otra señal de un sistema que no logra dar una respuesta proporcional, eficaz y humana frente a delitos que destruyen vidas enteras.
El caso indigna porque obliga a mirar de frente una realidad que la política y la Justicia suelen esquivar. Dos adultos abusaron de una niña. La víctima cargará con las consecuencias durante toda su vida. Y la respuesta penal, aun cuando formalmente exista condena, aparece ante la sociedad como insuficiente frente al daño irreversible provocado. Una infancia arruinada no puede medirse únicamente en años de prisión, pero el Estado tiene la obligación de demostrar que comprende la gravedad del hecho y que no está dispuesto a administrar estos casos como si fueran expedientes comunes.
El Ministerio Público Fiscal no puede limitarse a exhibir condenas como si eso alcanzara. Su responsabilidad institucional es mucho más profunda: debe fijar prioridades, criterios de persecución penal, instrucciones claras para los fiscales, estándares de actuación, mecanismos de control interno, estadísticas públicas y una política expresa que impida que los delitos sexuales contra niños sean tratados con tibieza, demora o conveniencia procesal.
Eso es lo que no aparece.
Jorge García conduce una estructura que reclama autonomía, presupuesto, cargos, fiscales, recursos y poder institucional. Sin embargo, cuando se analiza la realidad de los delitos sexuales contra menores en Entre Ríos, aparecen demasiadas zonas oscuras: causas demoradas, víctimas que deben esperar años, expedientes que prescriben, denuncias contra integrantes del propio sistema judicial, archivos difíciles de explicar, abreviados cuestionables y condenas que muchas veces no reflejan el daño causado.
No se trata de pedir demagogia penal. Se trata de exigir política criminal. Una política criminal seria no consiste en reaccionar cuando un caso toma estado público, sino en organizar al Estado para que estos delitos sean investigados con rapidez, profundidad, especialización y perspectiva de infancia. Significa impedir que una niña abusada sea abandonada en pasillos judiciales. Significa evitar que las víctimas sean sometidas a una nueva violencia institucional. Significa que cada fiscal sepa que frente a un abuso infantil no está administrando una carpeta: está interviniendo en una de las formas más graves de destrucción humana.
Entre Ríos tiene antecedentes demasiado graves como para seguir hablando en abstracto. El caso Ilarraz terminó con un sobreseimiento por prescripción decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a que había existido una condena a 25 años por abusos cometidos contra seminaristas menores de edad. Más allá de la discusión jurídica sobre la aplicación de la ley penal en el tiempo, el resultado institucional fue devastador: víctimas que esperaron décadas y un sistema que llegó tarde.
También hubo otra causa de abuso sexual agravado, iniciada en 2010 por la denuncia de una menor contra su padre, que terminó prescripta luego de años de paralización, extravíos y negligencias. La Corte Suprema ordenó investigar la actuación de los organismos judiciales de Entre Ríos porque el expediente se perdió, se demoró y finalmente el imputado ya no pudo ser juzgado por el paso del tiempo. Ese dato debería haber provocado una revisión profunda de toda la política judicial y fiscal frente a los abusos sexuales infantiles. Pero no se advierte que haya ocurrido algo de esa magnitud.
A eso se suma el caso del juez Marcelo Baridón, denunciado por su propio hijo por presuntos abusos ocurridos cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años. El hecho no involucraba a un ciudadano común frente al sistema, sino a un integrante del Poder Judicial. El expediente fue archivado y Baridón fue restituido. Otra vez, el mensaje hacia la sociedad fue pésimo: cuando la denuncia toca a un miembro de la corporación judicial, el sistema parece mucho más rápido para cerrar que para investigar hasta el fondo.
El caso del exfiscal Guillermo Federico Uriburu también debe ser mencionado. Fue denunciado por presunto abuso sexual de una adolescente de 16 años y privación ilegítima de la libertad de otras jóvenes. No se puede afirmar una condena donde todavía debe regir la presunción de inocencia, pero sí corresponde señalar la gravedad institucional de que un exintegrante del Ministerio Público aparezca involucrado en una denuncia de semejante naturaleza. Una política criminal seria también debe mirar hacia adentro, revisar controles, antecedentes, selección, permanencia y responsabilidad de quienes integran o integraron el sistema encargado de perseguir delitos.
Ese es el punto que García y el Ministerio Público no pueden esquivar.
No alcanza con tener fiscalías. No alcanza con tener oficinas. No alcanza con publicar sentencias o capacitar personal. La pregunta es otra: ¿cuál es la política criminal concreta del Ministerio Público Fiscal frente a la pedofilia y los abusos sexuales infantiles? ¿Cuántas denuncias ingresan por año? ¿Cuántas llegan a juicio? ¿Cuántas terminan en abreviado? ¿Cuántas prescriben? ¿Cuánto demora una causa desde la denuncia hasta la sentencia? ¿Cuántas víctimas reciben acompañamiento real? ¿Cuántas veces se revisó la actuación de fiscales por demoras, archivos o negligencias en causas de abuso?
Sin esos datos, no hay política pública. Hay relato institucional.
Y mientras el gobierno provincial fortalece políticamente a Jorge García y a la estructura del Ministerio Público, las víctimas siguen enfrentando un sistema opaco, lento y muchas veces incomprensible. La sociedad ve condenas de seis y ocho años por el abuso de una niña, recuerda causas prescriptas, observa denuncias contra jueces y fiscales, y tiene derecho a preguntarse si Entre Ríos está realmente defendiendo a sus niños o simplemente administrando el escándalo hasta que pase la noticia.
La pedofilia no admite tibieza institucional. No admite burocracia. No admite expedientes dormidos. No admite archivos apresurados. No admite abreviados que la sociedad percibe como una burla. Y tampoco admite que quienes conducen el sistema judicial se refugien en tecnicismos para no rendir cuentas.
Una provincia que no protege a sus niños falla en lo más básico. Los abusadores deben saber que enfrente tienen un Estado organizado, rápido, inflexible y preparado. Las víctimas deben saber que no estarán solas, que no serán revictimizadas y que su causa no dependerá del humor de una fiscalía, del poder del acusado o de la capacidad de presión pública de la familia.
Hoy Entre Ríos no puede decir eso con autoridad.
Por eso el debate debe apuntar directamente al Ministerio Público Fiscal y a su conducción. Jorge García no puede aparecer solamente cuando se discuten cargos, presupuesto, autonomía o poder interno. También debe responder por la ausencia de una política criminal seria, transparente y verificable frente a los delitos sexuales contra niños.
Cada niña abusada lleva una condena de por vida. El Estado, en cambio, sigue discutiendo expedientes, plazos, abreviados y estadísticas incompletas.
Esa distancia entre el dolor real de las víctimas y la respuesta fría del sistema es una vergüenza institucional. Y en Entre Ríos tiene responsables políticos, judiciales y fiscales con nombre y apellido.
