Entre Ríos ya no parece una provincia: parece Boludolandia . Un lugar donde las respuestas penales siempre caen sobre los perejiles, mientras los grandes responsables del saqueo caminan tranquilos, dan clases de moral pública y se refugian detrás de expedientes administrativos, fiscales obedientes y silencios convenientes.
Acá vimos todo. Vimos a Sergio Urribarri enriquecido, vimos la casa en el lago, vimos propiedades, vimos fastuosidad, vimos una forma obscena de acumulación patrimonial alrededor del poder. Después vino Gustavo Bordet, y también vimos propiedades, declaraciones juradas, bienes vinculados al grupo familiar, movimientos patrimoniales difíciles de explicar y una provincia que siguió funcionando como caja política.
Mientras tanto, los controles no controlaron. La Fiscalía de Estado, con Julio Rodríguez Signes como figura permanente del sistema, actuó con el viejo libreto entrerriano: cuando el escándalo explota en la prensa, se anuncia una información sumaria. No una investigación penal seria. No una ofensiva real para recuperar lo robado. Una información sumaria: ese invento prepenal que sirve para ganar tiempo, bajar la espuma y permitir que el propio Estado saqueado se investigue a sí mismo.
Pasó con los subsidios a los muertos. Pasó con los créditos truchos. Pasó con los contratos truchos. Pasó con ENERSA. Pasó con Securitas. Cada vez que aparece el choreo, Rodríguez Signes no rompe la estructura ni va contra los jefes políticos. Abre un trámite. Hace ruido de oficina. Simula control.
Y ahora aparece el otro espectáculo: querer cobrarles millones a los perejiles de los contratos truchos, como si el saqueo provincial hubiera sido obra de cuatro insolventes que firmaban papeles. Es circo para la tribuna. La verdadera pregunta es otra: ¿quién armó el sistema?, ¿quién lo financió?, ¿quién lo protegió?, ¿quiénes fueron los jefes políticos?, ¿quiénes se enriquecieron mientras la provincia se empobrecía?
En ENERSA y Securitas quedó expuesta la matriz: empresas, concesiones, retornos, contratos y una estructura estatal donde todo parecía tener precio. La causa federal podrá investigar las coimas federales, pero los delitos provinciales, los negociados locales y la estructura mafiosa que cobraba para abrir puertas del Estado nunca fueron investigados con la profundidad necesaria por los fiscales entrerrianos.
Ahí aparece Jorge Amílcar García, Procurador y jefe de los fiscales. Mientras se entretiene en discursos solemnes, lecturas elevadas y frases de ocasión, el Ministerio Público bajo su mando persigue selectivamente. Para abajo, garrote. Para arriba, contemplación.
A Domingo Daniel Rossi lo persiguen por haber hecho seis cuadras de más. A Robles, exintendente de Crespo, se lo usa como referencia del intendente del interior al que condenaron por dar chapas sin expediente. Pero cuando hay que mirar contratos truchos, créditos truchos, subsidios a muertos, ENERSA, Securitas, la Legislatura, Laura Stratta, Urribarri, Bordet y las grandes cajas del poder, la velocidad judicial desaparece.
Por eso Entre Ríos es Boludolandia: porque los ladrones se investigan a sí mismos, los fiscales persiguen perejiles, los controles administrativos enfrían escándalos y los grandes responsables siempre encuentran un escritorio amigo.
Rodríguez Signes y García no son distraídos. Son piezas del blindaje institucional.Uno administra el simulacro de control.El otro administra la persecución selectiva que persigue a URRIBARRI por lo menos malo que hizo y no por la obra publica de BAHL que se llevaron millones.
La pregunta ya no es quién robó.La pregunta es quiénes garantizaron que nadie pagara por robar.
