La Asociación de Magistrados de Entre Ríos advirtió sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma previsional antes de que el proyecto siquiera ingrese a la Legislatura. El gesto genera preocupación por una intromisión directa en el proceso democrático una vez mas como suele hacerlo el Juez Alejandro Canepa, quien suele ser habitue de ministros, legisladores o politicos (el viene de ser puntero de Rosario Romero) para presionar y pedir por leyes o cuestiones vinculadas a los jueces como el JURY.-
En un hecho institucionalmente grave, la Asociación de Magistrados de Entre Ríos (una especie de club, como podria ser el de la asociacion de dueños de retroexcavadoras de Hurlingam) salió a advertir públicamente que la futura reforma previsional podría ser inconstitucional, aun cuando el proyecto ni siquiera ha sido tratado por la Legislatura.
La declaración no es inocua. No se trata de un sector más opinando sobre una política pública: se trata de quienes integran el Poder Judicial, es decir, los mismos que eventualmente deberán resolver sobre la validez de esa norma.
El problema es evidente. Al anticipar un criterio de constitucionalidad, la magistratura —a través de su asociación— no solo compromete su imparcialidad futura, sino que además envía un mensaje directo al Poder Legislativo: “cuidado con lo que votan”.
Esto implica un claro condicionamiento.
El Poder Legislativo es el ámbito natural del debate democrático. Allí deben discutirse las reformas, evaluarse sus impactos y tomarse decisiones políticas. Cuando otro poder del Estado, que además tiene la función de controlar a posteriori, interviene de manera anticipada intentando influir en esa decisión, se altera el equilibrio republicano, más aún cuando el tema en discusión involucra intereses directos del propio sector judicial, uno de los regímenes más beneficiados dentro del sistema previsional ((hay ex magistrados que entre pension y jubilacion cobran cerca de 30 millones de pesos y aunque no se hablo de TOPE preocupa la palabra).
La Provincia enfrenta un problema estructural en su Caja de Jubilaciones que requiere soluciones. Pero esas soluciones deben debatirse sin presiones indebidas y con respeto a la división de poderes.
Lo contrario no es defensa de derechos: es corporativismo con poder institucional.
En la Pagina del Hermano y la Mamà del JUEZ MALVASIO hablan concretamente de la amenaza de jueces.
