Guillermo Michel hizo lo que más inquieta cuando lo hace un hombre de poder: en vez de responder políticamente, fue a la Justicia. Demandó a El Presto por calumnias e injurias y abrió una discusión que va mucho más allá de los excesos verbales del denunciado.
Porque el problema no es sólo qué dijo El Presto. El problema es qué hace un funcionario público cuando alguien lo incomoda. Si la respuesta es tirarles jueces encima a las voces molestas, entonces ya no estamos ante una simple defensa del honor: estamos ante un intento de disciplinamiento.
Michel no es un ciudadano indefenso. Es un dirigente con poder, estructura y llegada. Y cuando alguien así judicializa la crítica, el mensaje no le llega sólo al denunciado. Les llega a todos: cuidado con hablar, cuidado con señalar, cuidado con pasarse de la raya.
No hace falta convertir a El Presto en héroe para advertirlo. Puede ser brutal, desmedido y hasta injusto. Pero una democracia se mide justamente ahí: en cuánto tolera el poder a los que le pegan sin pedir permiso.
Lo peligroso no es sólo la denuncia. Lo peligroso es naturalizar que, cada vez que una voz incomoda al poder, aparezca la amenaza del expediente, del fiscal y del desgaste judicial.
La pregunta, entonces, sigue en pie: ¿Michel busca justicia o quiere dejar una advertencia?
Porque cuando el poder reemplaza la respuesta política por la querella, la libertad de expresión empieza a entrar en zona de riesgo.
