Si el sistema SIRA fue, como hoy sostienen sus críticos, una máquina de administrar discrecionalidad, escasez y favores, entonces Guillermo Michel no fue un engranaje menor: fue una de las piezas centrales. LA NACION lo describió como un hombre clave de Sergio Massa en la política de importaciones y en la ejecución del esquema que concentró poder sobre las autorizaciones para traer mercadería al país.
La hipótesis política que circula con más fuerza es brutal: de un universo estimado en US$ 7.000 millones en coimas alrededor del sistema SIRA, el 50% habría quedado para Massa y el otro 50% se habría repartido entre los otros tres nombres decisivos del circuito: Michel, Tombolini y Pesce. Traducido en números, eso da US$ 3.500 millones para Massa y US$ 1.166 millones para cada uno de los otros tres. Esa cifra no está probada judicialmente en las fuentes públicas que pude verificar, pero sí existe un dato político insoslayable: Milei dijo públicamente que con el sistema de importaciones se pagaron coimas, y LA NACION remarcó que esa acusación no fue acompañada por una denuncia judicial concreta del Gobierno.
Michel encaja demasiado bien en ese rompecabezas. No solo por su rol en la Aduana y por su cercanía con Massa, sino porque su trayectoria muestra una constante: sociedades, estructuras y operatoria fina. Fue mano derecha de Ricardo Echegaray en la AFIP, fue designado al frente de la Aduana en 2022, y la Coalición Cívica pidió que la Oficina Anticorrupción lo investigara por persecución a opositores y por presuntos vínculos con sociedades sospechadas en maniobras de fraude y narcotráfico.
Ese antecedente no es aislado. LA NACION también recordó que Michel fue el vocero de la AFIP ante la Justicia en el escándalo Ciccone y que llegó a asumir funciones en la ex Ciccone Calcográfica durante la intervención estatal. Es decir: otra vez aparece en el mismo lugar donde se mezclan Estado, sociedades, favores y opacidad.
Por eso no suena exagerado decir que el verdadero metier de Michel, desde hace años, parece haber sido el armado y manejo de sociedades. No la política de superficie, no la militancia clásica, no la exposición pública. Lo suyo, a la luz de sus antecedentes, parece haber sido siempre la estructura: el vehículo jurídico, el engranaje técnico, la firma necesaria, el operador que entiende cómo se mueve el dinero cuando no quiere quedar quieto en un solo lugar. Esa es la razón por la cual su nombre genera más sospechas que confianza cada vez que se revisa una trama de triangulación.
Y por eso tampoco sería raro que el nombre de Michel termine apareciendo, más temprano que tarde, en el universo AFA, donde Massa cada vez queda más expuesto por los vínculos que LA NACION viene mostrando alrededor de Pablo Toviggino y Javier Faroni. Faroni fue allanado por orden judicial a fines de 2025 tras una presentación de la Procelac, en el marco de una investigación sobre maniobras financieras irregulares en la AFA, y LA NACION lo ubicó además como pieza relevante en la comercialización de amistosos y otros negocios del fútbol.
En ese ecosistema —AFA, amistosos, sociedades, intermediarios y operadores políticos— Michel no desentona: encaja. No porque hoy exista una condena que lo una a ese universo, sino porque su perfil técnico y político coincide demasiado con el tipo de actor que suele aparecer cuando los negocios necesitan pantallas, sociedades y hombres que conozcan los vericuetos del Estado. Es la misma lógica que ya se vio en la AFIP de Echegaray, en Ciccone y en la Aduana del massismo.
A eso se suma que Michel ya venía con antecedentes delicados incluso antes del capítulo SIRA. En 2018 LA NACION informó que fue citado a indagatoria, junto con otros exfuncionarios aduaneros, en la causa por la llamada “mafia de los contenedores”. Otra vez la Aduana. Otra vez la sospecha de un agujero negro donde se cruzan negocios, poder y contrabando.
Entonces el problema ya no es solo Michel. El problema es el método. Siempre aparece en el mismo tipo de trama: donde hay un sistema cerrado, discrecional, opaco y millonario; donde unas pocas firmas pueden habilitar o bloquear negocios gigantes; donde las sociedades son más importantes que los discursos; donde el operador vale más que el funcionario visible.
Si la estimación política de los US$ 7.000 millones algún día se prueba, Michel ya no será apenas un exfuncionario con buen manejo técnico. Será una de las caras de uno de los sistemas de recaudación ilegal más monumentales que se hayan denunciado en torno al comercio exterior argentino. Y si no se prueba, igual seguirá pendiente una pregunta que nadie logra despejar: ¿cómo hizo para estar siempre tan cerca de la caja, del trámite, de la firma y de las sociedades, sin que nunca termine de aclararse del todo cuál fue su verdadero negocio?
