Ahora empieza la pelea de verdad: la judicial, donde muchos de los que deberían resolver están alcanzados por el mismo interés económico.
Aranzazu Ormache, empleada judicial e hija de Rosario Romero, reclamó una recomposición salarial por diferencias generadas durante la vigencia de la Ley 10.806, la norma de emergencia que suspendió el “enganche” automático con los aumentos de la Corte Suprema. En su presentación pidió que se le paguen esos montos, con intereses incluidos .
El Gobierno entrerriano se lo rechazó. ¿Qué le dijeron? Básicamente dos cosas. Primero, que durante la emergencia estaba suspendido el mecanismo automático de actualización salarial previsto por la Ley 10.068, por lo que no existía obligación legal de trasladar esos aumentos al esquema provincial . Segundo, que el cálculo del reclamo —la famosa diferencia del 25,57%— no estaba debidamente sustentado en el expediente .
El dato es concreto: el decreto DTO-2026-283-E-GER-GOB, fechado el 10 de febrero de 2026, rechaza formalmente el planteo administrativo de Ormache . O sea: en la vía administrativa, la hija de la intendenta de Paraná perdió.
Pero eso no cierra nada. Al contrario: ahora arranca lo más delicado. Porque estos planteos, tarde o temprano, van a buscar salida en la esfera judicial. Y ahí aparece el escándalo real: quienes integran o se benefician del mismo universo salarial alcanzado por la discusión difícilmente puedan fallar con comodidad sobre un reclamo que toca intereses de su propio sector. En castellano simple: los que cobran dentro del sistema no pueden decidir sin que se les note el conflicto de interés.
Por eso lo que viene probablemente sea la vieja receta de siempre: subrogantes, conjueces, reemplazos, firmas prestadas. No los magistrados naturales, sino los satélites del sistema. Los que aparecen cuando hay que resolver lo que los titulares no quieren firmar. Y si esa misma lógica se proyecta al Colegio de la Abogacía, alineado políticamente con Rosario Romero —a quien acaban de destacar como una de las dirigentes más importantes de la provincia junto a Alicia Aluani, según señalás—, la escena ya está escrita: la corporación cuidando a la corporación, aunque simule distancia formal.
Ese es el corazón del asunto. No se trata solo de un reclamo salarial. Se trata de cómo funciona el poder en Entre Ríos. La hija de una de las figuras más pesadas de la mesa judicial y política reclama plata al Estado; el Estado se la niega; y ahora habrá que ver si el mismo entramado de siempre también la frena cuando la discusión pase a manos de quienes comparten el mismo interés económico o responden al mismo clima de poder.
Le rechazaron el reclamo administrativo a la hija de Rosario Romero. Ahora falta ver si los subrogantes de la corporación también se animan a decirle que no a la hija de la dama de hierro de la mesa judicial.
