Mientras Paraná sigue padeciendo problemas estructurales de agua potable, cloacas colapsadas y calles deterioradas, la intendenta Rosario Romero firma convenios para donar especies arbóreas a otros municipios.
El anuncio conjunto con Isa Castagnino sobre la donación de árboles para el Plan de Forestación de Victoria puede sonar bien en redes sociales. El problema es el contraste: ¿cuál es la prioridad real cuando la capital provincial arrastra déficits básicos en servicios esenciales?
Victoria, por su parte, tampoco exhibe una gestión ordenada ni resultados contundentes. Persisten reclamos por infraestructura, funcionamiento municipal y una estructura sobredimensionada de funcionarios. A ello se suma una causa judicial vinculada al incumplimiento de una obligación de plantación de especies —una manda que, según se ha señalado, proviene de una etapa anterior de gobierno— y que todavía no habría sido cumplida.
En lugar de resolver lo pendiente, se elige la foto institucional y el acuerdo político.
El debate de fondo no es ambiental —nadie discute la importancia del arbolado urbano— sino de prioridades, gestión y transparencia. ¿Por qué no se cumplió con la obligación previa? ¿Por qué se necesita un convenio externo para hacer lo que ya estaba ordenado? ¿Por qué la capital provincial atraviesa una crisis de servicios mientras se proyecta hacia afuera una imagen de colaboración ambiental?
Más que anuncios, los vecinos esperan resultados.
