Un efectivo de la Policía de Gualeguay difundió un descargo donde denuncia la desaparición de alrededor de $400.000 de un fondo común dentro de una dependencia y cuestiona que —según su relato— no se habría investigado ni sancionado a nadie por ese faltante.
El mismo policía cuenta que, en cambio, a él lo sancionaron con 7 días de arresto disciplinario por un error operativo: dejar un móvil sin freno de mano, lo que terminó en una colisión con un vehículo particular. Aclara que se hizo cargo, firmó, no recurrió y cumplió. Pero plantea el punto de fondo: ¿con qué vara se miden las responsabilidades puertas adentro?
La denuncia cae en un contexto sensible: Gualeguay viene marcada por el caso conocido como “poliladrones”, con dos policías detenidos/imputados por robos en la zona de chacras, un hecho que incluso motivó disculpas públicas del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, a la comunidad. En ese clima, también tomó estado público la preocupación por una seguidilla de “30 robos” en la ciudad durante 2024, con testimonios de víctimas y reclamos por el avance de la investigación.
Por eso, el planteo del efectivo no se lee como una queja personal: es una acusación institucional sobre coherencia disciplinaria. Si el rigor aparece rápido para algunos hechos y se diluye frente a otros más graves —como un faltante de dinero en una oficina policial—, la disciplina deja de ser regla común y pasa a sentirse como selección.
El reclamo es concreto: si hubo robo interno, corresponde sumario, investigación y responsables; si no lo hubo, corresponde explicación y transparencia. En una fuerza que pide confianza social, el silencio o la doble vara no ordenan: desgastan.
