En Entre Ríos, si uno sigue el hilo de los cargos públicos, muchas veces termina siempre en los mismos apellidos. Esta vez el mapa conduce a una protagonista central: Rosario Margarita Romero, hoy intendenta de Paraná, ex ministra de Gobierno, ex diputada nacional y provincial, con tres décadas orbitando siempre cerca del poder.
La historia arranca lejos del PJ. A fines de los 80, Romero militaba en el Partido Intransigente de Oscar Alende y en 1987 fue candidata a intendenta de Paraná por ese sello, cuando el PI apenas arañaba porcentajes marginales en la provincia. Más tarde dio otro salto: a fines de los 90 el FREPASO la proyecta como candidata a vicegobernadora de Sergio Montiel, pero el caudillo radical finalmente no la acepta en la fórmula. En los pasillos de la política entrerriana quedó una frase que se le atribuye a Montiel –mitad chiste, mitad diagnóstico–: “es Busti con peluca”. Nadie la va a encontrar en el Boletín Oficial, pero la anécdota se repite hace años como síntesis perfecta de su versatilidad.
Después vino la “conversión definitiva” al peronismo. Fue diputada nacional con Jorge Busti, diputada provincial en la transición hacia el urribarrismo y parte del dispositivo legislativo del PJ en tiempos de mayoría automática. Desde esos años se lo menciona también a Alejandro Cánepa –hoy juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, presidente de la Asociación de la Magistratura y recientemente denunciado ante el Jury por mal desempeño– como uno de los abogados que pasó por los contratos del espacio de Romero en la Legislatura, antes de saltar al escalafón judicial. Una carrera que va del despacho político a la toga, con escalas en la Asociación de Magistrados y el Consejo de la Magistratura.
En 2016, Gustavo Bordet la nombra ministra de Gobierno, la cartera política más importante de la provincia, donde se manejan ascensos, traslados, decretos y la relación diaria con jueces y fiscales. Desde allí firma decretos, impulsa leyes, participa en el armado judicial y sostiene durante años un esquema de poder que combina buenas formas institucionales con un fino control de la rosca. En 2023 termina de cerrar el círculo: es electa intendenta de Paraná, mientras el peronismo pierde la provincia, pero la familia Romero–Halle conserva la llave del PJ capitalino.
La biografía política de Romero no se entiende sin su esposo, José Carlos “Turco” Halle. Ex juez correccional, ex ministro de Bienestar Social de Busti y intendente de Paraná entre 2007 y 2011, su gestión quedó marcada por algo que no hace falta consultar en archivos: los baches. La cantidad de pozos fue tal que el folklore paranaense lo rebautizó con crueldad quirúrgica: “José Carlos Bache”, al punto de que páginas y grupos en redes se dedicaron a ironizar sobre los cráteres de la ciudad. No pocos vecinos todavía recuerdan esa experiencia como la peor intendencia de la democracia para acá. Hay quienes dicen que la actual gestión de Romero puede disputarle el título; por ahora, están palo a palo.
La saga continúa con la segunda generación. Santiago Halle, hijo de Romero y Halle, es abogado y se transformó en uno de los hombres fuertes de la Municipalidad: secretario de Gobierno en la era Bahl, hoy pieza clave del esquema político de su madre, presentado en los medios como “renovación” del peronismo local. A eso se suma la presencia de hijxs con cargos en la Justicia provincial, consolidando una trama donde el apellido no sólo abre puertas en el Ejecutivo, sino también en Tribunales: familia política, pero también familia judicial.
La pata penal de esta familia estatal se refuerza con el yerno: el fiscal Álvaro Piérola, ligado por vínculo familiar a Romero y señalado en debates públicos por su rol en causas sensibles, mientras acumula respaldos corporativos de la Asociación de Magistrados y rechazos a las denuncias presentadas en su contra en el Jury. La combinación es potente: intendenta, ex intendente, jefe político de la ciudad, juez, fiscal y funcionarios judiciales, todos formando parte del mismo árbol genealógico.
En el medio, quedaron también los decretos de seguros en dólares suscriptos durante los años de Romero como ministra de Gobierno, que hoy alimentan una denuncia penal por presuntos sobreprecios en las pólizas de aeronaves aseguradas a través del IAPSER, la aseguradora estatal. La sospecha: Entre Ríos pagó varias veces más que otras provincias por servicios similares, amparándose en la contratación directa y la autopista administrativa del propio Estado.
Si uno junta todas las piezas, el cuadro es nítido:
Una dirigente que pasó del PI al FREPASO, de coquetear con la Alianza a ser diputada de Busti y Urribarri, ministra de Bordet e intendenta propia.
Un marido ex juez y ex intendente que terminó asociado para siempre al apodo “José Carlos Bache” y a una de las gestiones más cuestionadas por el estado de las calles.
Un juez de peso como Alejandro Cánepa, ex contratado del espacio político y hoy jefe de la Asociación de la Magistratura, recién denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Un hijo proyectado como heredero político, un yerno fiscal con causas sensibles y una descendencia acomodada en la Justicia.
Eso, en cualquier manual, se llama casta. En Entre Ríos tiene nombre y apellido: Rosario Romero y la familia estatal que construyó alrededor, del PI a la intendencia, de los baches a los búnkeres judiciales.
