El nuevo sistema de transporte que Rosario Romero salió a vender como “era moderna del servicio público” nació atravesado por una paradoja brutal: mientras UTA Nacional recuerda que hay un fallo de la Justicia Nacional del Trabajo que ordena a San José absorber transitoriamente a los choferes de Buses Paraná, la Municipalidad se abraza a una cautelar local para callar la protesta de esos mismos trabajadores.
El mensaje es clarísimo: a los colectiveros que hace años sostienen el sistema se les responde con jueces, policías y límites a la huelga; a la nueva concesionaria que se niega a acatar un fallo nacional, se le garantiza paz, blindaje y silencio oficial. UTA lo dice sin rodeos: la medida dictada por el juez Loguarro en CABA sigue vigente, obliga a la empresa y tiene consecuencias jurídicas si no se cumple. Pero en Paraná, Romero eligió otro camino: correr detrás del marketing de las unidades “0 km” mientras se hace la distraída frente al conflicto de fondo.
Y ahí aparece el otro protagonista incómodo de esta historia: Marcelo Baridón, el juez que firma (ex funcionario del marido, compañeronde causas penales como querellantes), la resolución que le prohíbe a UTA hacer medidas de acción directa que puedan “entorpecer” el inicio del servicio de San José. No se trata de un magistrado cualquiera: fue funcionario político de la gestión de José Carlos Halle en el área de Tránsito y Transporte, militante del PJ, y abogado querellante en causas de lesa humanidad en nombre de H.I.J.O.S. y organismos de derechos humanos. Un juez claramente atravesado por la política, ahora colocado por Romero como garante jurídico del “orden” frente a los choferes.
Sobre ese mismo Baridón pesa, además, un antecedente que el poder prefiere barrer debajo de la alfombra: en 2023 fue denunciado por su propio hijo por abuso sexual infantil, lo que motivó su suspensión precautoria por el STJ; luego, en 2024, la causa fue archivada y se levantó la suspensión, permitiéndole volver a su cargo en la Cámara Contencioso Administrativa. Nadie pide condenas mediáticas, pero sí una pregunta mínima: ¿es este el perfil de juez con el que una intendenta que se llena la boca hablando de derechos, género y memoria quiere sostener un conflicto laboral de alta sensibilidad social?
Mientras tanto, abajo, en la calle, pasa lo previsible: colectivos nuevos que ya muestran fallas, unidades que terminan arriba de una grúa, choferes filmados manejando mientras hablan por teléfono, y usuarios que sienten que cambiaron la pintura y la app, pero no el fondo del problema. Arriba, en los despachos, Romero festeja el “éxito” del nuevo sistema y se apoya en un juez con historial político pesado para acorralar a los trabajadores, ignorando que un fallo nacional le sigue marcando el límite.
En síntesis: no es sólo un conflicto de transporte. Es el retrato de cómo se gobierna hoy en Paraná: se negocia con las empresas, se presiona a los gremios, se eligen jueces amigos del poder y se gambetean fallos incómodos. Y cuando la paz social depende de colectivos que no se rompan y de trabajadores que no sean descartables, esa combinación es algo más que un error político: es una irresponsabilidad peligrosa.
