Germán Carlomagno asumirá la presidencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el 1 de febrero de 2026, con mandato hasta diciembre de 2027. Un hombre identificado con el PJ de Concepción del Uruguay y cercano a Daniel Carubia.
Y su primer gesto público ya marca tono: una defensa del Poder Judicial que, más que institucional, suena a reflejo corporativo. Cuando el sistema se siente observado, se enoja con el control.Nadie discute la independencia judicial. Lo discutible es que se la invoque como escudo para deslegitimar los mecanismos constitucionales que existen, precisamente, para evitar que el poder se vuelva impune.
Porque el verdadero problema hoy no es que sobren “juicios políticos”, sino que falta trámite real, sobra cierre exprés, y la ciudadanía ve cómo el sistema se protege a sí mismo.
El caso que lo simboliza es el del presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara: el Jurado de Enjuiciamiento desestimó in limine y por unanimidad la denuncia en su contra el 19 de diciembre de 2024.
Esa mecánica —rechazar sin sustanciación, sin debate y sin producción mínima de prueba— es la que alimenta el descreimiento social: no se trata de “ataques a la justicia”, sino de una justicia que no acepta ser controlada.
En el mismo clima se inscriben las denuncias contra funcionarios de peso institucional como el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, también canalizadas por la vía del Jurado.
Con independencia de la suerte procesal que corran, el dato político es otro: el circuito suele terminar en el mismo lugar, con decisiones que no transparentan ni abren el juego, y que terminan reforzando la sensación de blindaje.
Si Carlomagno quiere inaugurar una presidencia a la altura del momento, el camino no es la épica corporativa: es garantizar institucionalidad concreta, controles que funcionen, expedientes que se tramiten y decisiones que se expliquen.
Porque cuando la Justicia se dedica a defenderse del control, lo que termina defendiendo —en los hechos— no es su independencia, sino la impunidad del sistema.
