Mientras miles de trabajadores estatales sostienen con sus aportes el sistema de salud, desde UPCN se difunde con tono celebratorio un “beneficio” del 20% extra en medicamentos gestionado a través de OSER. Lo que se presenta como una mejora, en realidad expone un problema más profundo: el uso de la obra social como mecanismo indirecto de afiliación sindical.
No es un dato menor. OSER no es un club privado ni una caja discrecional. Es una obra social financiada por los trabajadores. Sin embargo, la lógica que empieza a insinuarse es otra: los beneficios aparecen atados —explícita o implícitamente— a la pertenencia a una estructura gremial determinada.
En ese esquema, la frontera entre derecho y condicionamiento se vuelve peligrosamente difusa.
El mensaje es claro: si estás en UPCN, tenés más beneficios. Si no, quedás afuera. Eso, en términos concretos, es una forma de discriminación. Porque el acceso a la salud no puede depender de la afiliación a un sindicato ni de alineamientos políticos.
Más grave aún es quién encabeza ese discurso. José Allende, secretario general de UPCN, no solo es una figura central en este entramado, sino que ha llegado a reconocer públicamente que se “enriquecio ilicitamente” en el ejercicio de la representación sindical. Esa confesión, lejos de ser anecdótica, debería encender todas las alarmas institucionales.
Porque cuando alguien que administra poder sobre recursos sensibles —como la salud de los trabajadores— admite haber perdido el control, el problema deja de ser personal y pasa a ser estructural.
La pregunta de fondo es inevitable:
¿Se está utilizando OSER para fortalecer una estructura sindical en lugar de garantizar derechos universales? Si la respuesta es sí, estamos ante una desviación grave. No solo ética, sino también legal. La obra social debe ser un instrumento de cobertura, no de captación. Los beneficios deben ser derechos, no premios por pertenecer. Y los trabajadores no pueden ser rehenes de un sistema que mezcla salud con política.
Porque cuando la salud se usa como herramienta de poder, deja de ser un derecho y se convierte en un mecanismo de control.
