Nos quieren imponer una agenda judicial. No describir la realidad, imponerla. Decirnos de qué se puede hablar, a quién se puede nombrar y hasta dónde llega la indignación permitida. Esa agenda no nace del reclamo social ni de una investigación profunda: nace del poder y se difunde como zanahoria.
La secuencia es clara. Primero Urribarri, en versión recortada, familiar, lateral. Después Bordet, descansando todo en la supuesta “causa Securitas”. Y con eso pretenden cerrar el círculo, como si ahí estuviera explicado todo lo que pasó en Entre Ríos durante años.
Pero eso no es verdad.
Es entretenimiento.
La causa Securitas es federal, nace de una denuncia internacional, involucra varias jurisdicciones y tiene un alcance concreto. No es una investigación parida por la justicia entrerriana ni una decisión de ir al hueso. Cayó desde afuera. Y aun así, en Entre Ríos no se investigó nada de fondo:
no se investigó cómo se robaba la plata,
no se investigó cómo se enriquecían empresarios,
no se investigó cómo circulaban cajas con dinero por ámbitos institucionales.
Eso quedó afuera. Siempre queda afuera.
Cuando pasan de Urribarri a Bordet, el relato vuelve a hacer trampa. Se mezcla todo. Se habla de chats, de rumores, de supuestas “puterías” de Securitas, pero no se investiga el sistema. Y acá hay que decirlo con claridad: Adán Bahl no fue un espectador inocente de esa etapa. Fue ministro de Gobierno de Urribarri y luego vicegobernador de Bordet. Estuvo en el corazón del poder durante los años en que se consolidó el esquema que hoy nadie quiere tocar en serio. Sin embargo, su nombre aparece siempre desdibujado, como si hubiera sido parte del decorado.
Lo mismo ocurre con Bahl. Se lo nombra como comentarista de los contratos truchos, pero se evita decir lo central: fue parte del sistema que los firmaba. Contratos a mansalva, sin control real del presupuesto, con la complicidad política de figuras como Raymundo Kisser, entonces presidente del bloque radical. Nadie miraba cuántos contratos se tiraban, porque mirar implicaba romper el acuerdo. Y eso no se toca en la agenda que nos venden.
Y tampoco se investiga lo que más indigna a la gente común: las fortunas que aparecieron de la nada. Nunca se investiga a la empresa multimillonaria Grupo Martínez, ligada a Silvio Moreyra, ni el salto patrimonial de su socio Fuad Sosa. Nunca se investiga la fortuna de Fernando Cañete, que después de Moreyra terminó presidiendo el IOSPER en un acuerdo político y hoy vive en otra dimensión. Nunca se investiga el entramado empresarial del CELSIM una firma agropecuaria con base en Rosario, provincia de Santa Fe, de la cual son titulares. Eran pobres, o al menos eso decían sus declaraciones y su historia conocida, y hoy son multimillonarios: autos de alta gama, viajes constantes, un nivel de vida que no cierra por ningún lado. Esa plata no cayó del cielo, pero la justicia entrerriana nunca pregunta de dónde salió. No hay allanamientos, no hay peritajes patrimoniales serios, no hay causas. Ese es el verdadero escándalo: no que existan causas menores para entretener, sino que los nuevos ricos del sistema jamás pisan un juzgado.
Tampoco se habla de lo que quedó afuera de esa megacausa: los créditos truchos, los vínculos con Bahilo y Stratta, las responsabilidades políticas que nunca llegaron a expediente. Se habla de hijos, de costados, de ruido lateral. No del núcleo.
La misma lógica se repite una y otra vez.
Alicia Benítez de Feltes zafó. Un cierre prolijo, un abreviado cómodo, silencio posterior.
Esteban Vitor está afuera, pese a que su crecimiento patrimonial es comentario público desde hace años.
Troncoso directamente puede decir, con tranquilidad obscena, que la causa “antes de Navidad” se le cae. No está en la agenda. Nunca lo estuvo.
Y esto no es casualidad. Tiene arquitectura.
La mesa judicial no es un eslogan. Es una práctica. Y ahí aparecen los nombres que sostienen el sistema: Rosario Romero, Guillermo Michel y el Procurador Jorge Amílcar Luciano García.
Durante su paso como ministra de Gobierno, Rosario Romero, junto con José Carlos Halle, le pobló de fiscales el Ministerio Público a García. No hablamos de hechos menores: hablamos de una colonización institucional que condiciona hasta hoy la política criminal. Incluso se dio una jugada lisa y llanamente ilegal: el nombramiento del propio relator Maximino Ledesma como fiscal, rompiendo cualquier estándar de imparcialidad y separación de funciones. Eso no es una anécdota. Es el manual del poder.
Con fiscales propios, con designaciones hechas a medida, con ascensos funcionales, el sistema se aseguró algo fundamental: saber de antemano qué se investiga y qué no. Por eso las causas grandes nunca avanzan. Por eso lo estructural siempre se diluye. Por eso el efectivo que circulaba en cajas, los relatos obscenos de oficinas convertidas en guaridas de impunidad, las explicaciones ridículas de “gastos reservados”, jamás llegaron a una investigación seria.
Nos quieren tomar por ingenuos.
Los gastos reservados no funcionan así.
La plata pública no circula en cajas de un despacho a otro.
Y mucho menos mientras el poder miraba para otro lado.
La agenda que nos presentan es un menú de boludeces cuidadosamente seleccionado. Urribarri y la familia. Bordet y Securitas. Algo de contratos truchos, pero sin responsables políticos. Todo lo justo para simular movimiento y evitar el incendio.
Mientras tanto, el robo grande queda afuera:
la plata de la salud,
la plata de las rutas,
la plata de la vivienda,
la plata del juego,
la obra pública como sistema de saqueo.
Eso no entra en la agenda.
Porque eso implica tocar al poder real.
Lo que nos ofrecen es vermucito, papas fritas y good show judicial. Un espectáculo para que la gente discuta el número del escenario mientras el botín sigue intacto.
Esta no es una discusión técnica.
Es una discusión política.
Es una discusión moral.
Y es, sobre todo, una advertencia: mientras nos quieran imponer agendas para entretenernos, la justicia va a seguir siendo parte del problema y no de la solución.
