La motosierra de Milei los indigna, las 237 familias de Paraná no existen.
El PJ de Paraná se enciende contra Javier Milei cuando el Presidente convierte al trabajador en “variable de ajuste”. Lo dijo su conducción departamental, con Jorge Vázquez a la cabeza, en pleno debate por la Ley de Bases: denuncia, advierte, convoca al “despertar” de la clase trabajadora.
También se pronuncia con rapidez cuando Milei amenaza con intervenir una provincia: comunicado, repudio, defensa del federalismo.
Hasta ahí, podría ser la rutina política: oposición al gobierno nacional, épica de barricada, vocabulario de trinchera.
Pero hay un agujero negro en esa épica. Un silencio tan grande que hace eco.
Porque mientras el PJ de Paraná editorializa sobre “el ajuste” en abstracto, no dijo nada de lo más concreto y cruel que pasó en su propia ciudad: 237 choferes y sus familias quedando a la intemperie laboral con la salida de ERSA del sistema y el cambio de concesión del transporte urbano.
No se trata de defender a ERSA. Se trata de algo más básico: previsión estatal mínima cuando se toca un servicio público esencial.
Los hechos, además, eran absolutamente previsibles y están documentados:
La UTA presentó una nómina de 237 trabajadores reclamando continuidad laboral ante el traspaso.
La Justicia dictó una medida precautoria ordenando a la nueva concesionaria “absorber transitoriamente” al personal hasta que haya sentencia definitiva.
La nueva empresa expresó públicamente que no acataría esa orden judicial, profundizando el conflicto.
El tema escaló: hubo audiencias, tensión, y hasta retención de servicios anunciada en el marco del traspaso.
¿Y el PJ de Paraná? Con las luces largas para ver la “motosierra” a mil kilómetros, pero con las luces apagadas para mirar la vereda de enfrente.
Acá está el punto político que incomoda: cuando el ajuste es de Milei, es “ajuste”; cuando el golpe lo recibe un laburante de Paraná por una decisión municipal, pasa a ser “transición”, “ordenamiento”, “cuestión técnica”, “tema en la justicia”, “no es competencia”. Palabras-cobija para tapar un frío real.
Nadie obliga a sostener una concesión mala para sostener empleo, claro. Pero sí obliga la responsabilidad de gobierno a prever el impacto humano del cambio: exigir cláusulas de continuidad, diseñar una transición laboral, poner en la mesa soluciones, evitar que 237 familias queden de un día para otro sin el pan del sustento. No como favor. Como deber político.
La moral de esta historia es simple y filosa:
El PJ de Paraná habla de los trabajadores cuando sirven como bandera contra el enemigo nacional. Pero cuando los trabajadores tienen nombre, cara, turno rotativo y Navidad sin sidra, el PJ elige callar.
Y en política, el silencio no es ausencia: es posición.
