La designación de Jorge Alejandro Tarchini como secretario de Energía mientras mantiene vínculo laboral con ENERSA vuelve a poner sobre la mesa un problema viejo, grave y cada vez más visible: funcionarios que regulan, deciden o administran desde el Estado y, al mismo tiempo, orbitan en la empresa pública que debería quedar bajo control político y administrativo. El “ad honorem” ya no aparece como gesto de austeridad, sino como coartada.
No es un detalle administrativo. No es una prolijidad pendiente. No es una discusión para abogados exquisitos. Es, lisa y llanamente, un problema de incompatibilidad, de conflicto de intereses y de decencia pública.
En el caso de Jorge Alejandro Tarchini, los decretos aportados son claros: fue designado secretario de Energía de Entre Ríos y luego el propio Poder Ejecutivo dejó asentado que, por su vínculo laboral con ENERSA, ejercería el cargo ad honorem, renunciando a la remuneración. El problema no desaparece porque desaparezca el sueldo. El problema sigue ahí: si un funcionario conserva un pie en la empresa y otro en el escritorio estatal desde donde se define la política energética, entonces sigue parado en los dos lados del mostrador.
Y esa es la cuestión de fondo. Porque la Constitución de Entre Ríos no discute solamente cuánto cobra un funcionario. Discute algo más elemental: que no se acumulen cargos o empleos incompatibles, y que quien ejerce función pública se aparte cuando tiene intereses laborales, económicos o financieros comprometidos. Ese estándar surge del artículo 40 sobre acumulación de empleos y del artículo 37 sobre ética pública y deber de abstención frente a intereses propios.
Lo de Tarchini, además, no aparece como un rayo en cielo sereno. Viene a encajar en una modalidad de gestión donde el “ad honorem” parece haberse transformado en la fórmula mágica para disfrazar superposiciones que, en cualquier administración seria, deberían ser explicadas de entrada. Pasó con Manuel Troncoso: siguió como ministro de Gobierno y Trabajo mientras cobraba en ENERSA como vicepresidente de la empresa. La información fue publicada cuando se conoció el decreto que lo dejó como ministro ad honorem desde el momento en que pasó a percibir su remuneración en la energética provincial.
Lo mismo ocurrió con Néstor Roncaglia, aunque bajo otra lógica del mismo repertorio. Primero quedó en condición ad honorem por la supuesta incompatibilidad con su haber de retiro; después, un dictamen de Fiscalía de Estado habilitó que volviera a cobrar como ministro. Es decir: otra vez el “ad honorem” usado como parche político y jurídico, no como una solución de fondo sino como una estación transitoria hasta encontrar un encuadre que cierre.
Y alrededor de ese esquema también aparecen otros nombres fuertes del poder. Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación, figura COMO vicepresidente de IAPSER, cobrando 3 veces lo que un ministro.
El punto central es este: el carácter ad honorem no limpia el conflicto. No lo borra. No lo vuelve inocente. Apenas elimina, en algunos casos, la discusión sobre la doble percepción salarial. Pero la incompatibilidad política, ética e institucional puede seguir intacta. Porque una cosa es no cobrar dos veces, y otra muy distinta es no influir dos veces: una desde el Estado y otra desde la empresa.
ENERSA no es una ferretería privada ni un club de amigos. Es una empresa estratégica, atravesada por decisiones sobre inversión, distribución, obras, tarifas, expansión y relaciones con organismos reguladores y áreas del Ejecutivo. Si quien debe conducir la política energética provincial mantiene a la vez un vínculo laboral con la empresa energética del Estado, la pregunta no es menor: ¿a quién responde cuando firma, decide o calla?
Ese es el tema que el gobierno no puede seguir escondiendo detrás de la palabrita salvadora: ad honorem. Porque a esta altura ya no suena a austeridad. Suena a cobertura. Y cuando la cobertura reemplaza a la transparencia, lo que aparece no es una administración moderna. Aparece una zona gris donde los cargos se mezclan, los límites se borran y el poder se administra entre los mismos de siempre.
Para decirlo sin vueltas: el problema no es sólo Tarchini. Tarchini es el síntoma. El problema es un modelo de gobierno que naturaliza que los funcionarios entren y salgan de ENERSA, del gabinete y de las áreas sensibles del Estado como si todo fuera parte de una misma oficina. Y no lo es. O no debería serlo.
Esperemos que Brupbacher retome sus funciones luego de unas merecidas vacaciones con su esposa con destino del viejo continente según compañeros del directorio.
