Esta historia, para muchos, empieza con Jorge Pedro Busti: el jefe de una matriz de poder que marcó al peronismo entrerriano durante décadas y que sobrevivió, con otros nombres, a los años de Urribarri y Bordet. Busti gobernó tres veces la provincia y dos veces Concordia, y en ese armado la bandera de los derechos humanos funcionó también como fuente de legitimidad política.
De ahí sale una constelación conocida: José Carlos Halle, Rosario Romero, Álvaro Piérola (hoy fiscal), Marcelo Baridón, Raúl Barrandeguy, Guillermo Guastavino, Orduna, Aranzazu Ormache (hoy en el Poder Judicial), entre otros. Halle fue juez, secretario de Justicia, intendente de Paraná y luego titular del EPRE. Romero fue diputada, ministra y hoy intendenta de Paraná. Piérola pasó al Ministerio Público Fiscal. Baridón llegó a juez. Barrandeguy ocupó lugares de peso en la política y el derecho provincial. Guastavino fue durante años una figura Kirchnerismo y del Senado nacional. Y Orduna, que en otro momento quiso aparecer como una especie de reserva moral o comisario ideológico dentro del peronismo, terminó diluido en la lógica de siempre: la del funcionario eterno, bien remunerado y finalmente integrado sin conflicto al sistema.
El problema no es la causa de los derechos humanos. El problema es el uso político y judicial de esa causa. Porque alrededor de esa bandera se armó, según sus críticos, un entramado de prestigio, cargos y protección recíproca. Piérola y Baridón fueron querellantes visibles en causas emblemáticas, y después uno terminó fiscal y el otro juez. Ahí está, para muchos, la foto del mecanismo: la militancia convertida en carrera dentro del aparato.
Con Baridón la contradicción se volvió más brutal. Fue suspendido precautoriamente tras una denuncia en su contra por abuso de su propio hijo (quien defendio la querella de HIJOS, fue apuntado por su propio hijo por abusos en la niñez) y luego reintegrado cuando la causa se archivó. El dato público es ese; la lectura política que quedó instalada es otra: que a uno de los propios no se lo midió con la misma vara con la que ese mismo universo decía defender a las víctimas.
Barrandeguy entra en la misma genealogía. Sobre él persiste un viejo relato del folclore político entrerriano: que ante la detención de un dirigente peronista hoy con Frigerio, fue rquerido durante la dictadura y se habría negado a impulsar un hábeas corpus, diciendo que el no hacia ese tipo de planteos. Esta versión repetida durante años expone la distancia entre la épica que algunos se atribuyeron después y las dudas que dejaron sus conductas reales, y el emblema que se construyo en torno a el y los DDHH.-
Y tampoco puede omitirse a Guillermo Guastavino, otro nombre al que los derechos humanos le rindieron políticamente. Su historia personal está atravesada por la desaparición de sus hermanos, pero sus detractores sostienen que ese capital simbólico terminó absorbido por la rosca del poder, por la inteligencia política y por las ventajas del sistema. En esa misma fauna partidaria muchos lo ubican en el grupo de los llamados “pitufos”, donde también aparece Luis Leissa, hoy mucho más identificable con el sistema político y jurídico tradicional que con cualquier imagen romántica de la vieja tendencia.
La síntesis es simple. Un sector que habló durante años en nombre de la memoria terminó armando una estructura de poder en la Justicia, en el Estado y en el peronismo. Y hoy, cuando ese mismo peronismo expulsa, disciplina o le cierra la puerta al que denuncia corrupción o piensa distinto, queda al desnudo la paradoja: se convirtieron en lo mismo que decían combatir.
No fue sólo memoria. No fue sólo militancia. Fue también carrera, cargos y sistema.
Luego la defensa de los DDHH de Urribarri que fue oportunismo puro, que no paso de un guiso a Hebe de Bonafini, ya que la construccion ideologica del PATO era nula, como la de Frigerio, Caja y Relato sin profundidad.
Y en esa trama no entran sólo los nombres ya conocidos. Entran también otros apellidos, otros operadores, otros funcionarios que durante años se envolvieron en un discurso de superioridad moral para terminar tributando, según sople el viento, a la rosca de turno, al poder real, a las embajadas, a los nuevos jefes o a los viejos patrones del sistema. Por eso, para muchos entrerrianos, esta historia no habla de una causa noble degradada por accidente. Habla de algo bastante más concreto: del curro de los derechos humanos en Entre Ríos.
