El caso de Emilio Rosatti vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el sistema judicial argentino: ¿qué se evalúa realmente cuando se impulsa a un candidato para un cargo federal de máxima sensibilidad? Porque acá no estamos hablando de un postulante cualquiera. Estamos hablando del hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, un hombre con poder directo en el tablero institucional argentino y, además, con una larga y poco mencionada historia de vínculos políticos y laborales con Entre Ríos.
La trayectoria reciente de Emilio Rosatti está lejos de ser intachable. En marzo de 2021 fue detectado con alcoholemia positiva y, menos de un año después, en enero de 2022, volvió a dar positivo, esta vez con 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra altísima. Ese segundo episodio derivó en multa e inhabilitación para conducir, y generó una crisis pública imposible de maquillar para alguien que aspiraba a ser juez federal.
El escándalo fue de tal magnitud que Emilio Rosatti terminó renunciando en 2022 al concurso para ocupar un juzgado federal en Santa Fe. No fue una decisión espontánea en el vacío: hubo impugnaciones públicas y objeciones de organizaciones vinculadas a la seguridad vial, que cuestionaron abiertamente la compatibilidad entre esos antecedentes y la función de impartir justicia.
Pero en la Argentina del poder, los tropiezos no siempre clausuran carreras: a veces apenas las demoran. En 2024, Emilio Rosatti volvió a aparecer en carrera en el Concurso N.º 473 para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, y en la publicación oficial del Ministerio de Justicia figura en el orden de mérito para esa vacante. El dato político no es menor: lejos de quedar descartado por sus antecedentes, volvió a ser reposicionado dentro de un esquema institucional donde su apellido pesa demasiado.
Y ahí aparece el otro Rosatti, el verdaderamente decisivo: Horacio. Porque en Entre Ríos su nombre no es el de un forastero neutral ni el de un jurista ajeno a las roscas provinciales. Distintos medios entrerrianos vienen recordando que Rosatti padre fue asesor de la Convención Constituyente entrerriana de 2008 convocado por Jorge Busti, con intervención en temas sensibles como el régimen municipal. Es decir, no se trata solo del presidente de la Corte: se trata de alguien que conoce desde adentro los circuitos de poder de la provincia y que tuvo inserción política concreta en Entre Ríos.
Más todavía: publicaciones entrerrianas documentaron que Horacio Rosatti también aparece vinculado a contrataciones en el ámbito de la Legislatura de Entre Ríos durante años luego atravesados por la causa de los contratos truchos. Esos informes señalan que una de esas contrataciones fue firmada por Juan Domingo Orabona, exdirector administrativo del Senado luego imputado y condenado en la causa. Ese dato no prueba por sí mismo un delito de Rosatti, y sería irresponsable afirmarlo, pero sí vuelve insostenible cualquier relato de pureza institucional o de ajenidad frente a los mecanismos de la política entrerriana. Rosatti no es un desconocido en Entre Ríos: es un viejo conocido del poder.
Por eso el caso de Emilio Rosatti no puede analizarse como una postulación aislada. El punto no es solo que tuvo dos alcoholemias positivas. El punto es que, pese a eso, siguió en carrera. El punto es que la estructura que decide concursos, méritos y ascensos jamás logra despegarse de la sombra del apellido. Y el punto, sobre todo, es que mientras cualquier ciudadano común queda marcado por antecedentes mucho menores, los hijos del poder parecen recibir siempre una segunda, una tercera o una cuarta oportunidad.
En ese contexto, el problema ya no es solamente Emilio Rosatti. El problema es el mensaje. Si alguien con dos episodios de alcoholemia positiva, una renuncia forzada a un concurso y el peso del parentesco con el jefe del máximo tribunal puede seguir avanzando hacia un sillón federal, entonces la vara no es la idoneidad. La vara es el linaje. La vara es el blindaje. La vara es el apellido.
Y en Entre Ríos, donde Horacio Rosatti dejó huellas políticas, académicas, laborales e institucionales mucho antes de llegar a la Corte, esa discusión tiene todavía más espesor. Porque no estamos frente a una familia cualquiera. Estamos frente a una trama de relaciones, cargos, contratos y favores cruzados que vuelve todavía más necesaria una pregunta elemental: ¿la Justicia selecciona a los mejores o protege a los suyos?
