Durante décadas, el nombre Vitor en Paraná remitía a una familia “bien”, conocida, con prosapia y padre juez federal, pero con el nivel de vida típico de la clase media profesional. Nada estrafalario, nada que lo colocara en el club de los dueños de la ciudad. Eso cambió a partir de 2015, cuando Esteban Vitor saltó a la política grande de la mano del macrismo y empezó un ascenso patrimonial tan veloz como opaco.
Desde entonces, el abogado que se presentaba como “productor, ruralista y legislador anti-casta” dejó de ser un ciudadano con ingresos comunes para moverse en la liga de las grandes fortunas locales: autos de alta gama, emprendimientos multimillonarios y un modo de vida que nada tiene que ver con el sueldo de un diputado primero, ni con el de un secretario Legal y Técnico después.
El símbolo de ese salto es Vision Motors, concesionaria de vehículos de alta gama ubicada en la entrada del túnel, formalmente manejada por uno de sus hijos, un joven sin trayectoria empresaria conocida que, sin embargo, aparece al frente de un negocio que mueve cifras difíciles de explicar para un recién llegado al mercado automotor. A esto se suman las referencias a casas de cambio informales y al famoso “Galpón Apolo”, señalado en distintas crónicas como depósito de autos de lujo y operaciones poco claras.
El crecimiento del clan Vitor no se entiende sin la alfombra roja de la política. En la Legislatura, Esteban Vitor fue mucho más que un diputado del PRO: presidió el interbloque opositor y fue una pieza clave en los acuerdos con Sergio Urribarri en tiempos en que el exgobernador presidía la Cámara. En los pasillos se repite que, mientras denunciaba el “festival de contratos”, él mismo manejaba un paquete importante de designaciones. Lo único cierto, porque está documentado, es que los tres hijos de Vitor aparecieron contratados como personal de obra en la Cámara de Diputados, sin funciones claras y con sueldos muy por encima del promedio de cualquier trabajador entrerriano.
Ese doble discurso se hizo todavía más obsceno con el escándalo de los contratos truchos: mientras acusaba a la Legislatura de ser “un agujero negro que se financia con plata de los contribuyentes”, Vitor guardaba silencio sobre su propia familia enchufada. Los contratos de sus hijos quedaron dentro del lote que las nuevas autoridades anularon para desactivar el escándalo, pero esa parte de la historia nunca encontró explicación pública, ni de Vitor ni de la Justicia.
La carrera no terminó ahí. Hoy, Vitor es secretario Legal y Técnico del gobierno de Rogelio Frigerio y síndico de ENERSA, con acceso privilegiado a la cocina donde se firman decretos, se opina sobre contrataciones millonarias y se redactan dictámenes clave, como el que habilitó el decreto de nulidad en la causa de los contratos truchos. En paralelo, estrechó lazos con figuras como Juan Domingo Zacarías, viejo conocido de causas de mutuales y manejos financieros, y se mueve cómodo en el círculo donde se superponen política, negocios y “mutualismo creativo”.
El “método Vitor” no se agota en la acumulación patrimonial: viene acompañado, según denuncias periodísticas, por aprietes y operaciones digitales. Su hijo fue denunciado penalmente por hackear páginas de medios críticos que difundieron informes sobre la fortuna familiar. En esos episodios se reportaron bloqueos de líneas de WhatsApp, caídas de sitios web y mensajes intimidatorios, todos coincidentes con la publicación de notas sobre Vision Motors, el Galpón Apolo y el crecimiento patrimonial del funcionario.
A esto se suma un dato que en los pasillos judiciales se menciona cada vez más fuerte: la preparación de una denuncia penal que pondría bajo la lupa una operación de 2017, cuando Vitor era diputado. Según esas versiones, habría vendido a la provincia, mediante una compra directa, una fracción de un campo proveniente de una sucesión familiar en la que él era heredero, pese a la prohibición constitucional y legal de celebrar contratos con el Estado mientras se ocupa una banca legislativa. Se menciona la firma de Sergio Urribarri y el aval jurídico del entonces fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Ninguno de los involucrados ha dado hasta ahora una explicación pública detallada sobre esa operación, ni se conoce investigación abierta al respecto. (Esto, por ahora, pertenece al terreno de las denuncias a formalizar y deberá ser probado en sede judicial.)
Mientras tanto, el discurso de Vitor sigue envuelto en la palabra “transparencia”: presentó proyectos de ética pública, se muestra como cruzado contra la corrupción y reclama declaraciones juradas accesibles. Lo paradójico es que sus propias declaraciones patrimoniales, si bien deben existir por ley, no son fácilmente consultables por la ciudadanía, y ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el Tribunal de Cuentas, ni los organismos de control han avanzado seriamente en desentrañar de qué vive realmente el secretario Legal y Técnico que predica austeridad frente a cámaras y micrófonos.
Párrafo aparte merece la designación de su cuñado por frigerio como juez del Superior Tribunal de Justicia asegurándose estar en la conversa judicial.
Así, la historia de Esteban Vitor funciona como radiografía de época: alguien que entra a la política “seco pero de familia conocida” y, en menos de una década, se convierte en uno de los nuevos ricos de Paraná, rodeado de autos de lujo, hijos contratados, galpones misteriosos y empresas de alto vuelo. Todo con un denominador común: un sistema político y judicial que mira para otro lado cuando los millones caen del lado correcto del mostrador.
