Que Gimena Bordet haya salido de terapia y que se evalúe su traslado trae un alivio humano que nadie discute. Pero también marca un cambio de etapa: cuando el riesgo inmediato empieza a ceder, ya no alcanza con audios, frases generales ni comunicados a media luz. Empieza la hora de la explicación pública.
Porque el problema no es el accidente. El problema es el relato que se pretende dejar como definitivo: “fue un viaje oficial”. Una etiqueta que, cuanto más se mira, menos se sostiene.
Un “viaje oficial” con familia completa: lo que no cierra desde el minuto uno
La pregunta es tan simple que molesta: ¿qué hacía el intendente de Colón viajando a Brasil con su esposa y sus hijas en un supuesto viaje institucional?
No es moralina. Es lógica administrativa. Un viaje oficial se justifica con misión, agenda, acto administrativo, autorizaciones y rendición. Y, sobre todo, con coherencia: si el motivo era institucional, no se entiende la composición de la comitiva.
Porque no hablamos de una feria turística o un encuentro cultural abierto. Se habló de una invitación vinculada al Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCERS), el órgano de control externo del Estado gaúcho.
Y ahí el relato directamente se desarma: Colón no tiene Tribunal de Cuentas municipal, Walser no es técnico del área, no es auditor, no integra un sistema de control externo. Entonces, ¿qué fue a hacer? ¿Y por qué, además, una familia completa?
Hay invitaciones que explican un viaje. Y hay invitaciones que parecen diseñadas para que un viaje parezca oficial aunque no lo sea.
El detalle que incomoda: del lado brasileño, casi nada
Otra rareza se suma como ruido de fondo: desde Argentina se habló de un hecho gravísimo, hospitalización compleja, terapia intensiva, cirugías. Sin embargo, no se vio una cobertura brasileña proporcional, al menos no en el nivel de visibilidad que uno esperaría para un siniestro con esa entidad.
Esto, por sí solo, no prueba nada. Brasil es inmenso y un accidente puede pasar inadvertido. Pero en una historia donde faltan datos básicos —lugar exacto, ruta, km, parte oficial, intervención policial pública—, ese “silencio” del lado brasileño no tranquiliza: hace más urgente la documentación.
El vehículo y el seguro: si es público, la ciudad tiene derecho a saber
En Colón existe un dato duro: el municipio incorporó por donación un vehículo Mitsubishi Pajero Dakar HPE 2014, dominio ONT9114 (dondada por la ADUANA en tiempos de PODER ABSOLUTO DE MASSA MICHEL), documentado por decreto. Dec 1108-2023, asegurado en IAPSER.
Si se confirma que el viaje se hizo en un vehículo municipal, la historia cambia de escala. Porque ahí el caso deja de ser “privado” y entra en el terreno donde la comunidad tiene derecho a exigir respuestas: uso de bienes públicos, autorizaciones, cobertura de seguro y responsabilidad patrimonial.
Y acá aparece el nombre que no puede tratarse como un detalle: IAPSER, el asegurador provincial, un universo que arrastra desde hace años discusiones por opacidad, convenios, coberturas poco claras y cajas grises. Formalmente es el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos; en la práctica, cuando aparece en un caso sensible, la obligación de exhibir papeles se multiplica.
Si era un viaje oficial, tiene que existir:
- autorización formal del viaje,
- asignación de vehículo y conductor,
- póliza vigente y condiciones de cobertura en el exterior,
- intervención policial/aseguradora,
- trazabilidad mínima del siniestro.
Si no existe —o si se intenta encuadrar “después” lo que no se encuadró “antes”— entonces el riesgo no es mediático: es institucional. Y la responsabilidad no es “del accidente”: es de quien administra bienes públicos y decidió exponerlos.
No es ensañamiento: es control ciudadano
A esta altura, el “viaje oficial” se sostiene más por insistencia que por documentación. Y cuanto más se lo repite, más evidente queda lo que falta.
Que Bordet salga de terapia es una buena noticia. Pero también es el momento justo para terminar con la nebulosa: Colón no puede seguir administrándose con fe. Si fue oficial, que lo demuestren. Si no lo fue, que lo expliquen. Y si hay recursos públicos de por medio, que se sepa quién autorizó, cómo, para qué y con qué respaldo.
Porque una ciudad no se gobierna con invitaciones. Se gobierna con actos, papeles y rendiciones.
