La reforma previsional de Rogelio Frigerio entra en su semana decisiva. Este martes 7 de julio, a las 9:30, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado volverán a reunirse en la Sala de Comisiones de la Cámara alta para avanzar con el tramo final del proyecto de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. El objetivo del oficialismo es claro: cerrar dictamen con modificaciones y dejar la iniciativa lista para llevarla al recinto.
Aunque técnicamente este martes no se votaría la ley en el recinto, políticamente el Senado empieza a votar la reforma. Porque si el dictamen sale, el proyecto queda encaminado. Y ahí la discusión deja de ser sólo previsional para convertirse en una discusión de poder: quién paga el costo, quién acompaña, quién se despega y quién queda pegado a una reforma que toca una de las fibras más sensibles del Estado entrerriano.
El gobierno sostiene que la Caja está en una situación crítica. En los fundamentos del proyecto se informó que, sólo en el primer trimestre de 2026, los aportes personales y patronales sumaron $196.266 millones, mientras que las erogaciones por jubilaciones y pensiones llegaron a $331.867 millones. Es decir, un déficit operativo de $135.601 millones en tres meses, unos $45.200 millones mensuales.
Ese es el argumento central de Frigerio: la Caja no se sostiene y hay que tocar el sistema. El problema es que tocar el sistema previsional no es mover una planilla de Excel. Es meterse con trabajadores activos, futuros jubilados, gremios, docentes, municipales, judiciales, policías, jubilados actuales y toda una estructura política que durante décadas convivió con el problema, lo pateó para adelante y ahora se horroriza cuando aparece la factura.
El proyecto original incluyó emergencia previsional hasta el 31 de diciembre de 2027, posibilidad de prórroga, aplicación a los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, empresas públicas, municipios y comunas adheridas. También prevé cambios en aportes, edad jubilatoria y cálculo del haber inicial. Entre los puntos más sensibles figura la jubilación ordinaria común a los 65 años con 35 años de servicios, y 68 años para quienes comiencen a aportar después de la entrada en vigencia de la ley.
Del otro lado, los gremios vienen marcando que la reforma no es sustentabilidad sino ajuste. ATE, por ejemplo, cuestionó el cambio en la base de cálculo de haberes, el aumento de aportes personales, el impacto sobre regímenes diferenciales, la edad jubilatoria y las atribuciones que el proyecto le otorga al Ejecutivo. Según esa mirada, el 82% móvil queda vaciado si se cambia la forma de calcular la jubilación inicial.
En el Senado, además, la discusión llegó envenenada por un dato incómodo: mientras se debate cambiar las reglas previsionales para todos, dos senadores que participan del debate aparecieron vinculados a trámites jubilatorios bajo el régimen vigente. Rubén Dal Molín, jefe del bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos, reconoció el error, pidió disculpas y retiró el trámite,se especula con que tambien le pediran que ABANDONE LA PRESIDENCIA DEL BLOQUE ANTES DE VOTAR. Marcelo Berthet, presidente del bloque peronista, mantiene vigente el expediente iniciado en abril, según publicó Informe Digital.
Y ahí aparece la molestia política. Porque Dal Molín es el hombre que debe ordenar los votos del oficialismo para defender una reforma de alto costo. Y Berthet es quien había dicho que el peronismo estaba dispuesto a debatir una reforma, pero que no acompañaría medidas que impliquen ajuste sobre trabajadores activos o jubilados. Ahora los dos quedan atravesados por una pregunta incómoda: ¿con qué autoridad política se discuten nuevas condiciones jubilatorias si, al mismo tiempo, se intenta o se intentó entrar por la puerta del régimen que está por modificarse?
El caso Dal Molín golpea al oficialismo porque le complica el relato de austeridad. Aunque haya retirado el expediente, el daño político ya ocurrió. En una reforma de esta magnitud, la forma importa tanto como el fondo. Y si quien empuja el cambio aparece calculando su propia salida previsional, el discurso de responsabilidad fiscal se transforma en un problema de credibilidad.
El caso Berthet incomoda al peronismo porque deja al bloque opositor en una posición delicada. El PJ cuestiona el ajuste, pide preservar derechos y advierte sobre facultades excesivas para el Ejecutivo, pero su jefe de bloque mantiene abierto su propio trámite jubilatorio. La oposición puede tener argumentos técnicos y políticos sólidos, pero el expediente personal de Berthet le regala al oficialismo una foto perfecta para correr la discusión del contenido a la conducta.
Así, la reforma llega al Senado con tres planos superpuestos. El primero es fiscal: la Caja tiene un rojo enorme y el gobierno quiere mostrar que hace lo que otros no hicieron. El segundo es social: los gremios advierten que el costo lo pagarán trabajadores y futuros jubilados. El tercero es político: los senadores que deben votar la reforma también empiezan a ser mirados por su propia relación con el sistema que dicen querer ordenar.
Frigerio sabe que esta ley puede ser presentada como un gesto de gestión y responsabilidad. Pero también sabe que cada reforma previsional deja heridos. No hay manera simpática de discutir edad jubilatoria, aportes, cálculo de haberes y emergencia. Mucho menos en una provincia donde el salario estatal viene golpeado, los gremios están movilizados y la política se acostumbró a administrar privilegios mientras explicaba sacrificios ajenos.
Por eso el Senado no sólo va a dictaminar una reforma. Va a mostrar quién está dispuesto a pagar el costo político. Y también quién queda expuesto por haber querido jubilarse justo cuando se discute cómo se van a jubilar los demás.
La pregunta de fondo no es si la Caja necesita una reforma. El propio peronismo admitió que hay un desequilibrio real. La pregunta es otra: si la reforma va a ordenar el sistema o simplemente va a trasladar el costo hacia abajo. Y, sobre todo, si quienes la votan están dispuestos a aplicarse a sí mismos la misma vara que pretenden imponerle al resto.
Porque en Entre Ríos, una vez más, el problema no es sólo la Caja. Es la caja negra de la política.
