Guillermo Michel, Juan José Bahillo y Enrique Cresto recorrieron productores citrícolas de Concordia y la Costa del Uruguay como si fueran los nuevos defensores del trabajo, la industria y las economías regionales. Pero hay una foto que falta en esa postal: cuando se fueron del poder en 2023 dejaron cepo, trabas para importar insumos, inflación, atraso cambiario, falta de dólares y una economía productiva asfixiada. Hoy la salida tampoco parece ser volver para atrás.
La política entrerriana tiene una capacidad notable para reciclar responsabilidades. Los mismos que hasta hace poco administraban parte del problema ahora vuelven al territorio vestidos de bomberos, con gesto grave, abrazo al productor y discurso productivista.
Guillermo Michel, Juan José Bahillo y Enrique Cresto recorrieron establecimientos citrícolas, hablaron con productores, escucharon reclamos por costos, competitividad, caída del consumo, rutas destruidas y dificultad para exportar. Todo eso existe. Es real. La citricultura está golpeada. El productor cobra poco, produce caro y muchas veces queda obligado a elegir entre cosechar perdiendo plata o dejar la fruta en la planta.
Pero el problema empieza cuando quienes caminan ahora entre quintas y empaques se presentan como si recién hubieran llegado de otro planeta.
Bahillo no fue un espectador. Fue secretario de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. Michel no fue comentarista económico de café: fue uno de los hombres fuertes de la Aduana y después director general de Aduanas, en un sistema donde importar insumos, repuestos, bienes de capital o componentes para producir era muchas veces una odisea burocrática. Cresto tampoco viene de afuera: fue intendente de Concordia y funcionario nacional, con responsabilidades políticas directas en una ciudad donde la pobreza, la informalidad y la decadencia productiva no nacieron ayer.
Por eso la recorrida tiene un problema de credibilidad. No alcanza con sacarse fotos al lado de los productores si antes se fue parte de un gobierno que dejó cepo, SIRA, autorizaciones discrecionales, inflación descontrolada, dólar pisado, falta de previsibilidad y una economía encerrada en un laberinto de permisos.
Ahora hablan de competitividad. Perfecto. Pero en 2023, para muchas empresas, competir era primero conseguir que el Estado les dejara comprar lo básico para producir. Había fábricas que no sabían si podían importar insumos, talleres que no podían traer repuestos, industrias que acumulaban expedientes, productores que dependían de una autorización oficial y empresarios que tenían que explicar por qué necesitaban dólares para seguir trabajando.
Ese modelo tampoco era productivo. Era una economía con respirador artificial, donde el Estado decidía quién importaba, quién esperaba, quién producía y quién quedaba frenado.
La crítica al actual gobierno nacional puede ser válida. La apertura desordenada, el dólar atrasado, el derrumbe del consumo, los costos energéticos, la presión impositiva y la falta de crédito están golpeando a sectores enteros. Nadie serio puede negar que muchas economías regionales están sufriendo. Tampoco que abrir la economía sin bajar impuestos, sin infraestructura, sin financiamiento y sin una política de transición puede transformarse en una trituradora de empresas argentinas.
Pero la salida no puede ser volver al país del cepo, el permiso y el amigo en la ventanilla.
Ahí está la trampa del discurso de Michel, Bahillo y Cresto. Se paran frente a la crisis real de los productores para vender una nostalgia falsa. Como si la Argentina productiva hubiera estado floreciendo hasta diciembre de 2023 y de golpe alguien hubiera apagado la luz. No fue así. El aparato productivo ya venía enfermo: con inflación, atraso cambiario, presión fiscal, trabas para exportar, imposibilidad de importar, rutas abandonadas, energía cara y un Estado que hablaba de producción mientras repartía privilegios y administraba escasez.
El citrus entrerriano no necesita paladines de ocasión. Necesita competitividad de verdad. Necesita rutas, logística, energía razonable, apertura de mercados, financiamiento, sanidad, previsibilidad tributaria y un Estado que deje de usar al productor como escenografía electoral.
Michel habla de “peruanización” de la economía. Bahillo habla de mercados que no se abren. Cresto habla de reconstrucción. Todos pueden tener una parte de razón en el diagnóstico actual. Pero ninguno debería hablar como si no hubiera estado en la película anterior.
Porque cuando tuvieron poder, no dejaron una provincia exportadora, moderna y competitiva. Dejaron una economía atrapada entre el cepo y la inflación, una producción que necesitaba permiso para respirar y un Estado más ocupado en administrar cajas que en liberar fuerzas productivas.
La crisis actual exige discutir el rumbo. Pero discutir el rumbo no significa elegir entre dos fracasos: ni el país cerrado de los permisos discrecionales ni la apertura salvaje donde sobrevive el que puede. Entre el cepo y la motosierra hay una provincia real que produce, emplea, exporta y necesita reglas inteligentes.
La Costa del Uruguay no necesita turistas políticos de campaña. Necesita dirigentes que asuman lo que hicieron, expliquen qué van a hacer distinto y dejen de posar como salvadores de un incendio que ayudaron a prender.
Michel, Bahillo y Cresto salieron a defender la producción cuando ya no manejan la lapicera. Bienvenidos al territorio. Pero antes de dar cátedra de productivismo, deberían explicar por qué cuando gobernaban la Argentina productiva tenía que pedir permiso hasta para importar los insumos que necesitaba para seguir trabajando.
