La respuesta de ARCA en la causa judicial por las SIRA no aclaró nada. Por el contrario, dejó más preguntas que respuestas y alimentó una sospecha política que crece con el paso de los meses: la existencia de una protección deliberada hacia quienes manejaron uno de los sistemas más cuestionados del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa.
Cuando la Justicia pidió identificar quiénes aprobaban los permisos de importación, la explicación oficial fue que gran parte del proceso funcionaba mediante mecanismos automatizados. La traducción política es brutal: nadie decidió nada, nadie autorizó nada y nadie sería responsable. La culpa, poco menos, sería de una computadora.
Sin embargo, cualquier empresario argentino que haya sufrido el régimen de las SIRA sabe que esa explicación es imposible de creer. Durante años, importar no dependió simplemente de cargar datos en un sistema. Había observaciones, bloqueos, prioridades, autorizaciones cruzadas y decisiones que terminaban definiendo quién accedía a dólares oficiales y quién quedaba atrapado durante meses esperando una aprobación. Presentar hoy ese mecanismo como un simple algoritmo autónomo equivale a reescribir la historia reciente del comercio exterior argentino.
Lo más llamativo es que esta respuesta aparece justo cuando la investigación comienza a acercarse a las responsabilidades políticas. En lugar de identificar funcionarios, explicar circuitos administrativos y aportar documentación concreta, ARCA introduce una explicación tecnológica que termina diluyendo responsabilidades. El resultado es simple: desaparecen los nombres propios y aparece una computadora como responsable de un sistema que administró miles de millones de dólares.
La situación adquiere una dimensión todavía más política cuando se recuerdan las declaraciones realizadas por la diputada nacional Marcela Pagano. Mucho antes de que estallara esta discusión, Pagano sostuvo públicamente que Guillermo Michel había sido fundamental para la campaña presidencial de Javier Milei en Entre Ríos y afirmó que, de llegar al Congreso, sería un aliado del gobierno. Aquellas declaraciones fueron tomadas por muchos como una exageración o una disputa interna. Hoy, observando cómo el organismo que conduce la información clave de la causa evita individualizar responsables, adquieren una relevancia completamente distinta.
Las coincidencias empiezan a acumularse. Michel fue uno de los hombres más poderosos dentro de la estructura aduanera y tributaria durante el gobierno anterior. Las SIRA fueron uno de los principales instrumentos de control económico del massismo. Y ahora, cuando la Justicia intenta reconstruir quién manejaba realmente ese sistema, la respuesta oficial parece orientada a proteger precisamente a quienes deberían estar dando explicaciones.
No se trata de discutir si existían herramientas informáticas. Nadie niega eso. Lo que se discute es quién diseñó las reglas, quién estableció las prioridades, quién autorizó excepciones y quién controló el acceso a los dólares. Porque los algoritmos no redactan resoluciones, no ocupan cargos públicos y no toman decisiones políticas. Detrás de cada sistema siempre hay funcionarios. Detrás de cada restricción siempre hay responsables. Y detrás de cada permiso aprobado o rechazado hubo personas con nombre y apellido.
Por eso la explicación de ARCA no parece un acto de transparencia. Parece una maniobra defensiva. Una forma elegante de decir que nadie sabe quién decidió, cuando en realidad todo el mundo sabe que alguien decidió. Cuanto más se insiste en que las SIRA eran administradas por una especie de inteligencia artificial todopoderosa, más evidente se vuelve que existe una voluntad política de evitar que la investigación llegue al corazón del problema.
Tal vez por eso cada vez son más quienes empiezan a preguntarse si las declaraciones de Marcela Pagano no fueron una advertencia anticipada de algo mucho más profundo. Porque cuando un gobierno que prometió combatir a la casta termina construyendo explicaciones que benefician a los hombres más poderosos del esquema anterior, las sospechas dejan de ser teorías y comienzan a transformarse en evidencia política.
