La víctima tiene nombre, rostro, familia, amigos y una vida que probablemente no volverá a ser la misma. Los acusados, en cambio, parecen haberse convertido en fantasmas.
En Feliciano no hay nadie que no sepa de qué se habla. Los rumores recorren las calles más rápido que cualquier expediente judicial. Los vecinos comentan en los comercios, en las escuelas, en las oficinas públicas y en cada ronda de mate. Sin embargo, oficialmente, los cuatro acusados de la presunta violación grupal siguen escondidos detrás de un puñado de iniciales.
Y ahí aparece una pregunta incómoda.
¿Por qué cuando se trata de un ladrón de gallinas, de un joven pobre detenido en un barrio humilde o de algún personaje incómodo para el poder aparecen inmediatamente las fotografías, los videos del allanamiento y hasta las imágenes entrando esposados a una comisaría? ¿Por qué en esos casos la presunción de inocencia parece desaparecer frente a las cámaras?
Pero cuando la acusación es una de las más graves que contempla nuestro Código Penal, cuando la víctima denuncia una violación grupal y cuando entre los detenidos aparece incluso un funcionario policial, el sistema descubre repentinamente las virtudes del anonimato.
Nadie discute que la identidad de la víctima debe ser protegida. Es una obligación legal, ética y humana. Lo que resulta difícil de entender es por qué esa protección termina extendiéndose de hecho a quienes están acusados.
En una ciudad pequeña, donde todos se conocen, el silencio oficial no evita que circulen nombres. Lo único que consigue es generar sospechas. Porque cuando la información se oculta selectivamente, la sociedad inevitablemente se pregunta si existen privilegios, influencias o relaciones que justifican semejante prudencia.
La paradoja es brutal. La joven denunciante deberá seguir viviendo en la misma comunidad donde ocurrió el hecho. Tendrá que convivir con miradas, comentarios, versiones y murmullos. Su vida quedó marcada para siempre por una situación que, de comprobarse, constituye una de las formas más violentas de agresión imaginable.
Mientras tanto, quienes están acusados permanecen protegidos por una reserva que jamás se observa con la misma intensidad cuando los imputados pertenecen a otros sectores sociales.
La igualdad ante la ley no consiste solamente en aplicar las mismas penas. También implica aplicar los mismos criterios de publicidad, transparencia y tratamiento institucional.
Porque cuando la Justicia muestra a unos y esconde a otros, deja de transmitir imparcialidad y empieza a alimentar sospechas. Y las sospechas, como todos saben en Feliciano, terminan recorriendo el pueblo mucho más rápido que la verdad. La pregunta sigue flotando en el aire:
¿Se está protegiendo a la víctima o se está protegiendo a alguien más?
