El CEMENER fue presentado como una joya sanitaria: medicina nuclear, tratamiento oncológico, diagnóstico de alta complejidad, investigación y tecnología de punta. Nadie discute la importancia de contar con un centro de esas características en Entre Ríos. Lo que debe discutirse es otra cosa: cómo se armó, quiénes lo armaron, quién lo controla y por qué una estructura financiada con recursos públicos terminó funcionando bajo la figura de una fundación.
El centro aparece como una obra noble. Pero detrás de esa fachada sanitaria se advierte una arquitectura política muy precisa: Julio Rodríguez Signes llevó la idea jurídica, Sergio Urribarri le dio decisión política y Silvio Moreyra aportó el IOSPER, que era la caja sanitaria más importante de la provincia. El resultado fue una fundación que administra un emprendimiento millonario, sostenido por el Estado, pero ubicado en una zona mucho más cómoda y menos expuesta que un organismo público tradicional.
Rodríguez Signes no fue un actor secundario. Es el abogado fijo del Estado entrerriano desde 2008 y la propia información pública lo ubica como cofundador del CEMENER, una fundación creada junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica y el IOSPER, hoy OSER. En cualquier provincia normal, el abogado del Estado debería ser un funcionario sometido al control político e institucional más estricto. En Entre Ríos, en cambio, la Fiscalía de Estado funciona como un poder de permanencia casi vitalicia, blindado por una inamovilidad que convierte a su titular en mucho más que un asesor jurídico: lo transforma en arquitecto permanente de los grandes negocios del Estado.
Y ahí aparece el punto central: Rodríguez Signes no sólo defendió al Estado; diseñó el modo en que una parte del Estado se salió de sus propios controles. La figura de fundación permitió presentar al CEMENER como una institución sanitaria moderna, pero también sacarlo del régimen ordinario de control público, del escrutinio pleno del Tribunal de Cuentas y de la rendición política que debería tener cualquier organismo que maneja fondos estatales.
Moreyra tampoco fue decorativo. Fue presidente del IOSPER, organismo que financió la inversión inicial del centro. Una nota de la época recoge una frase contundente del propio Moreyra: “La inversión del Centro de Medicina Nuclear es del Iosper”, y agrega que el convenio con la CNEA lo firmó la Provincia; él fue designado representante del Gobierno ante la CNEA para seguir el proyecto hasta su puesta en funcionamiento.
Es decir: el IOSPER ponía la plata, la Provincia firmaba, Rodríguez Signes armaba la ingeniería jurídica y Moreyra seguía sentado en la mesa del negocio. Todo bajo el paraguas de la salud pública.
Pero el dato más revelador es la continuidad de Silvio Moreyra en 2015 dentro del esquema. A la par de ejercer como intendente de Santa Elena, fue designado por Gustavo Bordet como representante del Gobierno en el Centro de Medicina Nuclear. Esa superposición de funciones no es un detalle menor: mientras tenía responsabilidad política territorial, seguía ocupando un lugar clave dentro de una estructura millonaria financiada por el Estado. Si el CEMENER contaba con conducción técnica y autoridades propias, la pregunta es inevitable: ¿qué función real cumplía Moreyra allí si no era garantizar el control político del circuito? Su presencia simultánea en ambos roles muestra que el armado no sólo fue institucional, sino también de poder, pensado para no soltar nunca el manejo de un esquema sostenido con fondos públicos.
El presupuesto 2026 desnuda la magnitud económica del asunto. La Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos proyecta ingresos corrientes por $6.456.691.643, gastos corrientes por $5.423.456.704, remuneraciones por $2.428.915.866, bienes y servicios por $2.805.917.170 y gastos de capital por $1.249.643.873. Además, informa un resultado financiero negativo de $109.026.078.
Ese número debe leerse políticamente: una estructura que mueve más de seis mil millones de pesos, que paga miles de millones en sueldos, bienes, servicios y equipamiento, termina exhibiendo un resultado final mínimo frente al volumen que administra. Cualquier emprendimiento privado de medicina de alta complejidad, con semejante infraestructura, semejante respaldo estatal y semejante mercado cautivo de obras sociales, prepagas, PAMI y pacientes privados, podría generar fortunas. Acá, en cambio, el Estado sostiene la estructura, paga el funcionamiento, aporta los recursos, y la fundación rinde con planillas generales como si eso alcanzara.
Ese es el curro atómico: usar la ciencia como escudo, la salud como excusa y la fundación como vehículo jurídico para administrar millones públicos sin el control público que corresponde.
El esquema no terminó con la creación del CEMENER ni con los aportes iniciales del IOSPER. Hoy el financiamiento sigue vigente, pero bajo otra forma: el propio Ministerio de Salud de la Provincia le compra prestaciones a la Fundación CEMENER mediante convenios formales, prorrogados por años y con renovación automática, garantizando un flujo constante de recursos públicos. La adenda firmada en 2025 no deja lugar a dudas: el Estado contrata, fija valores por práctica y sostiene el funcionamiento del centro. Es decir, ya no se trata de un aporte directo visible, sino de un sistema más sofisticado donde el dinero público ingresa como “pago por servicios”, asegurando ingresos millonarios a una estructura que, sin embargo, continúa funcionando bajo la figura de fundación, con niveles de control muy inferiores a los de un organismo estatal.
No se trata de atacar la medicina nuclear. Se trata de auditar el negocio. Hay que revisar el acta constitutiva, los estatutos, los convenios, las compras de equipos, los aportes del IOSPER, las decisiones de Urribarri, el rol jurídico de Rodríguez Signes, la intervención de Moreyra, los proveedores, las contrataciones, los sueldos y cada peso que entró y salió.
Porque si el Estado paga, el Estado controla. Y si no controla, no es modernización sanitaria: es una caja con guardapolvo blanco.
