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Marcelo Quiroga, presidente de CECIP y miembro de EMPATUR: grave denuncia de abuso sexual y el riesgo estructural de la prescripción

Marcelo Quiroga, dirigente empresarial de Paraná y figura pública en su carácter de presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CECIP) y miembro del Ente Mixto de Turismo (EMPATUR), se encuentra denunciado en actuaciones judiciales iniciadas en 2022 en el marco de una denuncia por abuso sexual vinculada a hechos que, según la presentación, habrían ocurrido cuando la víctima era una niña.

De acuerdo con la documentación judicial de ese año, en el marco de la investigación se dispusieron medidas restrictivas, entre ellas la prohibición absoluta de contacto con la denunciante y su entorno familiar, además de la prohibición de realizar actos violentos, molestos o perturbadores, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial. La causa continúa bajo investigación.

Cuatro años después, en 2026, la pregunta ya no es solo jurídica sino estructural: ¿avanza con la celeridad que exige la gravedad de los hechos denunciados o corre el riesgo de diluirse en los tiempos del sistema?

En Entre Ríos existe un antecedente preocupante: causas graves que se estiran, se traban en planteos formales y terminan discutiéndose más en términos de plazos que de verdad material. La prescripción se convierte entonces en un desenlace administrativo para lo que debería ser un proceso profundo y exhaustivo.

A ello se suma el contexto de las reformas al régimen de juicio por jurados, que restringieron su alcance obligatorio a delitos con penas máximas superiores a determinados umbrales, lo que en la práctica ha reducido la intervención ciudadana directa en determinados procesos y ha devuelto muchos expedientes al circuito exclusivo de jueces técnicos.

En casos que involucran denuncias por hechos presuntamente cometidos contra una niña, el sistema judicial tiene una obligación reforzada: investigar con seriedad, proteger a las víctimas y evitar que el calendario termine haciendo lo que no debe hacer un tribunal: cerrar el expediente sin una respuesta de fondo.

(Los datos de la denunciante y de la víctima se mantienen anonimizados para evitar cualquier forma de revictimización.)