Hay decisiones políticas que se pagan caro. Y hay caprichos que terminan costando vidas.
La muerte ocurrida en el sistema de transporte urbano no puede analizarse como un hecho aislado ni como una simple “tragedia vial”. Deja una pregunta inevitable que la dirigencia no puede seguir esquivando: ¿por qué Rosario Romero decidió enfrentarse con los choferes de ERSA, cuando ellos no eran el problema?
Durante años, los trabajadores sostuvieron un servicio precario, con colectivos en mal estado, recorridos mal planificados y una empresa concesionaria que nunca estuvo a la altura de una capital provincial. Sin embargo, en lugar de corregir el modelo, controlar a la empresa o exigir inversiones reales, la intendenta eligió otro camino: romper con los choferes experimentados y reemplazarlos por personal inexperto.
El resultado está a la vista.
Antes fueron innumerables accidentes menores, choques, maniobras torpes, fallas operativas que se repetían y se naturalizaban. Hoy, lamentablemente, hay una muerte.
No se trata de demonizar a trabajadores nuevos, sino de decir lo evidente: el transporte público no es un laboratorio de prueba y error. Manejar un colectivo urbano requiere experiencia, conocimiento del trazado, manejo de situaciones críticas y responsabilidad institucional. Todo eso fue descartado por una decisión política tomada desde un escritorio.
Romero eligió un conflicto ideológico y sindical en lugar de una solución técnica. Eligió mostrar autoridad antes que garantizar seguridad. Elegió confrontar con quienes conocían el sistema desde adentro, y hoy la ciudad paga las consecuencias.
La pregunta ya no es solo política. Es moral.
¿Quién se hace cargo cuando una decisión mal tomada deja de ser un titular y se convierte en una muerte?
El silencio oficial no alcanza. Las excusas tampoco.
Cuando se gobierna una ciudad, la soberbia no es gratis. Y cuando el transporte público falla por decisiones conscientes, la responsabilidad es indelegable.
Una muerte que deja una pregunta inevitable
