La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó dicho, con una claridad que en Paraná cuesta digerir, que la medida cautelar dictada en el incidente sigue vigente y no queda alcanzada por la suspensión del expediente principal. La resolución notificada el 30 de marzo de 2026 no abrió una zona gris ni habilitó juegos semánticos: al contrario, cerró la discusión sobre ese punto. La cautelar debe cumplirse. Eso es, precisamente, lo que surge de la decisión de la Sala IX, que declaró abstracta la pretensión recursiva porque la medida ordenada en el incidente no podía considerarse alcanzada por la suspensión dispuesta en la causa principal.
Dicho de otro modo, y sin el maquillaje del lenguaje tribunalicio: Buenos Aires dijo que la cautelar está viva. Que no quedó barrida por ninguna maniobra procesal. Que no cayó por elevación. Que sigue produciendo efectos.
Y ahí empezó, en Paraná, la verdadera historia.
Porque cuando un fallo es terminante, el camino normal de una administración sería uno solo: acatar, explicar y ordenar. Pero aquí lo que empezó a circular no fue una respuesta jurídica seria ni una exposición transparente sobre cómo se cumplirá la manda judicial. Lo que se empezó a mover, según las versiones que ya atraviesan despachos, pasillos y operadores de siempre, fue otra cosa: la activación del viejo reflejo del poder local. No responder el fondo sino atacar a quienes lo dejan en evidencia.
En esa lógica se inscribe la denuncia que tendría como protagonista a Jorge Amílcar Luciano García, con la intervención del relator y hombre de confianza de Rosario Romero, Maximino Ledesma, y con el respaldo de la troupe de fiscales romeristas que, cuando el poder político se siente acorralado, suele mostrar una velocidad que no exhibe para investigar otras cosas bastante más graves. La jugada tendría además un brazo jurídico-administrativo en Pablo Testa, asesor letrado, y un desenlace que en ámbitos judiciales ya se da casi por descontado: una imputación en breve. No como resultado sereno de una investigación exhaustiva, sino como respuesta política disfrazada de reacción penal.
Eso es lo verdaderamente inquietante. No solamente que un fallo adverso incomode al oficialismo municipal, sino que el reflejo inmediato no sea cumplir ni aclarar, sino mover piezas en el tablero judicial para disciplinar, amedrentar o embarrar la cancha. Es una mecánica demasiado conocida. Cuando el derecho aprieta, aparece el aparato. Cuando la resolución judicial no conviene, surge la denuncia. Cuando la cautelar obliga, la respuesta no baja en forma de acto administrativo sino de amenaza procesal.
Pero el asunto no termina ahí. En rigor, ahí empieza lo más serio.
Porque detrás de la cautelar que Buenos Aires mantiene viva asoma un tema que en Entre Ríos no debería quedar librado al comentario político ni al rumor de café. Debería quedar bajo la lupa de un fiscal que quiera investigar algo más que lo que le marcan desde arriba. Se trata de la adjudicación a una UTE que, en los hechos, habría quedado reducida a una sola de las empresas que la integraban: San José. La sospecha que empieza a adquirir volumen es delicada y de enorme gravedad institucional. Que la unión transitoria haya servido, en la práctica, como un ropaje formal para superar exigencias de experiencia, antecedentes o capacidad técnica; y que, una vez obtenida la adjudicación, una de las firmas desaparezca de escena, dejando todo en manos de la otra.
Si eso ocurrió así, el problema excede por completo la escaramuza política del día. Ya no estamos ante una simple controversia administrativa, ni ante una disputa entre oficialismo y oposición, ni ante un entredicho entre sectores empresariales y funcionarios. Estaríamos, eventualmente, frente a un esquema que merecería ser investigado por posible desnaturalización del proceso licitatorio. Porque una cosa es adjudicar a una UTE con determinada integración, determinada espalda empresaria y determinados antecedentes. Otra muy distinta es terminar ejecutando con una sola firma, más todavía si sobre esa firma sobrevuela la sospecha de haber sido una pieza montada exclusivamente para esta licitación, asociada primero a una empresa con experiencia y dejada luego sola cuando el negocio ya estaba asegurado.
La pregunta, entonces, cae por su propio peso: ¿la adjudicación recayó sobre la estructura que fue efectivamente evaluada, o se usó una composición empresaria formal para cumplir requisitos y luego modificar de hecho el verdadero sujeto beneficiario del contrato? Esa no es una pregunta periodística caprichosa. Es una pregunta elemental de legalidad. Y si la respuesta no es nítida, el Ministerio Público Fiscal debería estar mirando ahí y no en la dirección que le señalan los operadores de siempre.
Por eso resulta tan revelador el orden de los acontecimientos. Sale un fallo de Buenos Aires que reafirma la vigencia de la cautelar. A las pocas horas, en vez de concentrarse en el cumplimiento y en dar explicaciones sobre el acto cuestionado, empieza a tomar forma una denuncia como contraataque. Ese encadenamiento no se lee como una casualidad. Se lee como una reacción de aparato. Como una respuesta política del romerismo judicializado. Como la confirmación de que, cuando las cosas se complican, el municipio no ordena sus papeles: ordena a sus leales.
Rosario Romero construyó siempre una imagen de racionalidad, oficio y control. Pero las gestiones no se miden sólo por lo que dicen de sí mismas, sino por lo que hacen cuando un tribunal las pone contra las cuerdas. Y acá lo que aparece no es fortaleza institucional. Aparece nerviosismo. Aparece desplazamiento del eje. Aparece una fuga hacia adelante. Se busca discutir al mensajero antes que al mensaje, atacar a quienes dejan al descubierto el problema antes que responder por el problema mismo.
La resolución judicial, mientras tanto, sigue ahí, desnuda y contundente. La medida cautelar ordenada en el incidente no fue suspendida por lo resuelto en la causa principal y, precisamente por eso, la Cámara declaró abstracta la pretensión recursiva: porque la vigencia de la cautelar no estaba en discusión. Ese es el dato duro. Todo lo demás, hasta acá, parece ser ruido. Ruido político. Ruido judicial. Ruido de una estructura de poder que, en lugar de explicar por qué debería cumplirse la cautelar y qué pasó realmente con la UTE adjudicataria, prefiere apretar el acelerador de una denuncia que suena más a represalia que a búsqueda de verdad.
Y si esa imputación finalmente llega, como ya se comenta en voz baja y en voz alta, el cuadro se completará de la peor manera. No como una muestra de salud institucional, sino como la puesta en escena de una vieja práctica entrerriana: contestar un revés judicial con una ofensiva penal, disciplinar al que molesta y confiar en que el miedo haga el trabajo que no puede hacer el derecho.
Lo que está en juego, en definitiva, no es sólo una cautelar que Buenos Aires ordenó respetar. Lo que está en juego es algo bastante más profundo: si en Paraná todavía manda la ley o si, cada vez que un fallo incomoda, lo que se activa es la patrulla política con escritorio judicial. Porque si la respuesta a una decisión terminante no es el cumplimiento sino la amenaza, entonces el problema ya no está únicamente en la licitación, en la UTE o en San José. El problema está en el modo mismo en que el poder entiende la justicia.
