Carlos Guillermo Reggiardo y Domingo Daniel Rossi llevaron a la Justicia Federal una acusación de altísimo voltaje político: sostienen que el aparato disciplinario del PJ de Entre Ríos fue usado para apretar, silenciar y echar a quienes denunciaron irregularidades internas, el financiamiento de Guillermo Michel y las coberturas políticas del sistema. La presentación también apunta contra Rosario Romero y cuestiona la legalidad misma del Tribunal de Disciplina.
En Entre Ríos no estamos frente a una simple pelea interna del peronismo. Lo que acaba de estallar es algo bastante más grave: una denuncia penal federal que describe un mecanismo de persecución política vestido de trámite partidario. No es una metáfora. No es una exageración de campaña. Está escrito, firmado y presentado. Carlos Guillermo Reggiardo y Domingo Daniel Rossi sostienen que la denuncia disciplinaria impulsada en el PJ para expulsarlos no es una sanción ética ni una discusión orgánica, sino la fase final de una maniobra de coacción destinada a sacar del medio a quienes denunciaron irregularidades, impugnaron decisiones internas y pusieron en cuestión el financiamiento y el blindaje político de Guillermo Michel .
La clave del planteo es brutalmente simple: primero denunciaron; después les ignoraron las impugnaciones, nulidades y presentaciones; luego aparecieron las presiones y amenazas; finalmente activaron el aparato disciplinario para expulsarlos. Según la denuncia, el orden de los hechos no deja lugar a demasiadas ingenuidades. No se castiga una falta partidaria concreta. Se castiga haber hablado, haber denunciado y no haberse dejado domesticar por la estructura.
El escrito presentado ante la Justicia Federal no gira en torno a una ofensa entre afiliados ni a una diferencia doctrinaria. Va mucho más al hueso. Señala que dentro del propio PJ se formularon impugnaciones y nulidades, incluso por correo electrónico, dejando asentados cuestionamientos concretos sobre candidaturas, funcionamiento partidario y, de manera particular, sobre Guillermo Michel, su financiamiento, su sostenimiento político y las maniobras montadas a su alrededor. Es decir, no hubo salto caprichoso a los medios o a la Justicia: hubo antes una secuencia de planteos internos que, según los denunciantes, fueron deliberadamente ignorados, congelados o vaciados de contenido .
Y ahí aparece una de las acusaciones más pesadas de toda la presentación. Reggiardo y Rossi sostienen que el partido usó una trampa circular: exigió que todo se canalizara por vía interna, pero cuando esas vías se usaron, las bloqueó o las dejó morir; después pretendió convertir en “indisciplina” el hecho de haber acudido a otras instancias. Dicho en castellano: te obligan a tocar la puerta de adentro, no te abren, y cuando vas a tocar la de afuera te quieren echar por desleal. Ese es el corazón político y jurídico del escándalo.
La denuncia da un paso más y plantea que no se está frente a una sanción partidaria sino ante un mecanismo de coacción. No la coacción de manual, de amenaza grosera y directa, sino una más sofisticada: la utilización de un procedimiento aparentemente institucional para producir miedo, disciplinamiento y silencio. El mensaje sería claro: si seguís denunciando, si seguís impugnando, si seguís exponiendo lo que pasa, te expulsamos. La amenaza no sería simbólica. Sería la expulsión del partido, la afectación de derechos políticos internos y la expulsión del escenario partidario para quienes vienen cuestionando a sectores con poder real .
En ese marco, el episodio que le da temperatura política al relato es la mención directa a Guillermo Michel. La denuncia afirma que Michel se presentó personalmente en el despacho del Intendente y que allí profirió expresiones intimidatorias contra quienes venían sosteniendo las denuncias, extremo del que aseguran tener evidencia. No se trata de un detalle de color. En el texto judicial aparece como una pieza central para demostrar que la secuencia no fue espontánea: primero la presión, luego el bloqueo institucional, después la sanción partidaria. Primero el apriete, después el expediente.
Como si eso fuera poco, el escrito también apunta contra Rosario Romero. ¿Por qué? Porque, según los denunciantes, la actual intendenta de Paraná adelantó públicamente la maniobra en el programa de Daniel Enz antes de que el procedimiento disciplinario se formalizara. Para Reggiardo y Rossi eso no es una casualidad ni una charla de café: es un indicio de coordinación política y conocimiento previo. Traducido sin vueltas: la decisión de avanzar contra los denunciantes ya estaba tomada antes de que el aparato partidario montara la escenografía de legalidad que vino después .
Pero el capítulo más venenoso de la denuncia es, probablemente, el que cuestiona la legalidad misma del Tribunal de Disciplina. La presentación sostiene que ese órgano no habría sido constituido conforme a la Carta Orgánica del PJ de Entre Ríos, que exige su designación por el Congreso Provincial. Y no se quedan en la mera nulidad. Van más lejos: afirman que si ese tribunal no fue votado y constituido como manda la norma, entonces quienes actúan como sus integrantes están ejerciendo funciones sin habilitación válida, lo que incluso abre la puerta a la figura de usurpación de títulos y honores. En términos políticos, la acusación es demoledora: no sólo armaron un tribunal para apretar, sino que ni siquiera sería un tribunal legítimo. Un tribunal de disciplina contra legem, armado para producir expulsiones con fachada partidaria .
Esto le agrega un dato explosivo al cuadro general. Si el órgano es ilegítimo, el problema ya no es únicamente la finalidad persecutoria del procedimiento, sino también la precariedad institucional del instrumento utilizado. La denuncia lo dice con crudeza: no se estaría frente a un proceso regular, sino ante una estructura armada para disciplinar, castigar y expulsar. Dicho de otro modo, no sería el partido defendiendo su organicidad. Sería una facción usando el sello, la birome y la estructura para ejecutar una vendetta interna.
El texto también pone el foco en algo que incomoda a toda estructura cerrada: el derecho a denunciar. Reggiardo y Rossi afirman que la libertad de expresión, el derecho de peticionar y el acceso a la justicia no son concesiones del partido ni privilegios sujetos a autorización previa. Son derechos constitucionales. Y por eso sostienen que pretender sancionar a un afiliado por denunciar hechos que considera ilícitos o por llevar afuera lo que adentro no le contestan es, directamente, una inversión inconstitucional del orden jurídico. O dicho en lenguaje político: quieren un partido donde se pueda aplaudir, obedecer y callar, pero no denunciar.
La denuncia sube todavía más la apuesta cuando señala que ya existen antecedentes de presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el patrón de persecución y hostigamiento que dicen venir padeciendo. Eso corre el eje de la típica interna del PJ y coloca el conflicto en un plano más delicado: el de la posible afectación sistemática de derechos fundamentales y la falta de tutela efectiva a nivel local. No están diciendo “nos pelean adentro”. Están diciendo “nos persiguen, nos silencian y tuvimos que salir incluso al sistema interamericano porque acá nadie garantiza nada” .
La pregunta de fondo, entonces, ya no es si hay o no una pelea entre Reggiardo, Rossi y el michellismo. Eso ya es evidente. La pregunta importante es otra: ¿puede un partido político convertirse en una máquina para castigar al que denuncia? ¿Puede usar su aparato disciplinario para sacar de circulación a quienes presentaron impugnaciones, nulidades y denuncias sobre el financiamiento y el armado interno? ¿Puede una fuerza que se llena la boca hablando de democracia interna operar, en los hechos, como una aduana para decidir quién puede hablar, quién puede denunciar y quién debe callarse?
La respuesta política es obvia. Si esto se normaliza, no queda partido; queda aparato. No queda disciplina; queda obediencia extorsiva. No queda ética; queda cobertura. Y no queda tribunal; queda una escribanía con martillo.
Lo que está en juego no es sólo el futuro partidario de Reggiardo y Rossi. Lo que está en juego es si en el PJ entrerriano todavía existe un margen para denunciar irregularidades sin que la respuesta sea una amenaza, un bloqueo o una expulsión. Porque si la sanción máxima cae sobre el que impugna, y no sobre el que arma, aprieta o blinda, entonces la verdad es mucho más simple y mucho más brutal: no están limpiando el partido; están limpiando a los denunciantes.
