Los que muchos en Paraná llaman —sin vueltas— “ensobrados” de Rosario Romero vuelven a cargar contra la reforma constitucional. Y no lo hacen por convicción republicana ni por apego a la letra sagrada: lo hacen porque abrir la Constitución es abrir la caja negra del poder real. Porque esta Constitución, tal como se la administró, terminó funcionando como un blindaje para sostener un Estado capturado: organismos de control que no controlan, mecanismos de remoción que no se activan y una arquitectura institucional diseñada para que, cuando el poder se protege a sí mismo, nadie pague costos.
Si Entre Ríos quiere salir del pantano, hay que decirlo claro: hay que reformar. Y hay que discutirlo todo, especialmente lo que incomoda. Los órganos de control, el sistema de designaciones, el Jurado de Enjuiciamiento, el juicio político, la transparencia real del Estado. Porque hoy el Jurado no funciona como herramienta efectiva de responsabilidad, y el juicio político —en la práctica— es un camino bloqueado: existe para el discurso, no para la vida institucional.
Y el ejemplo más grosero de por qué la reforma es urgente está a la vista: el Tribunal de Cuentas. Esta “única cuenta” no funciona como debería cuando el contralor se convierte en decoración. ¿Y quién está ahí? Diego Lara —y, para algunos, “Diego Malandra”—, un símbolo de lo que está mal: un dirigente con carrera política y poder que, lejos de representar independencia técnica, representa continuidad de aparato.
Los datos públicos están ahí: Lara fue intendente de María Grande y luego diputado provincial; en diciembre de 2020 asumió como presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Y también está documentado aquel episodio que lo persigue desde hace años: la polémica por la quema de libros de una biblioteca pública en María Grande, que llegó a medios nacionales.
Entonces, ¿de verdad alguien pretende que un esquema institucional que habilita estas trayectorias en el corazón del control público vaya a producir resultados distintos? No. No va a ser distinto, porque el problema no es una persona aislada: es el diseño que permite que el control sea colonizado, que el control se vuelva “acompañamiento”, que el control termine siendo parte del mismo circuito que debería auditar.
Busti imaginaba sus “cinco cuadros”: con tres ya colgados, quiso asegurarse dos más. Y no midió —o quizás sí— la consecuencia más delicada de esa cláusula de reelección injertada sin lógica local: lejos de ordenar la alternancia, termina favoreciendo un esquema donde el poder real queda más concentrado en los engranajes permanentes del Estado (Poder Judicial, Fiscal de Estado, Tribunal de Cuentas y estructuras de control) y no en quienes pasan por la gobernación. Al final, el gobernador queda expuesto, y los dispositivos inamovibles sobreviven.
Los últimos 25 años muestran una continuidad llamativa de funcionarios y cuadros que se reciclan de gestión en gestión, muchos todavía en lugares clave, especialmente en cargos difíciles de remover. Esa repetición no es virtud institucional: es una señal de que la Constitución, tal como se la usó, terminó consolidando inercias y bloqueando discusiones de fondo. Por eso, en la reforma, este punto debe tratarse sin tabúes: que quien deja pasar un período pueda volver y someterse al voto. Si gobernó bien, la gente lo acompaña; si no, no. Así de simple.
Por eso la reforma molesta. Porque discutir la Constitución implica discutir el corazón del sistema: cómo se controla al poder, cómo se remueve al que hace daño, cómo se transparenta la designación, cómo se evita que el Estado sea plataforma de carrera y blindaje. Entre Ríos es una provincia con recursos de sobra; si convive con pobreza y decadencia, es porque hace décadas se naturalizó un mecanismo donde sectores de la dirigencia viven del Estado como si fuera propio.
La reforma constitucional no es el peligro. El peligro es seguir con una Constitución usada como candado: una que cristalizó un orden donde el poder se protege, se recicla y se justifica con solemnidad mientras la provincia paga la factura.
