Lo que está en juego en la causa de la Mutual 10 de Abril ya no es solo el lavado de dinero, los contratos truchos o los dólares dando vueltas en una mutual manejada como una escribanía familiar. Lo que se está jugando, a esta altura, es quién manda en Entre Ríos: el voto popular o la mesa judicial y mediática que se cree por encima de todos.
La “filtración” de la supuesta escucha entre Juan Domingo Zacarías y Gustavo Hein, presentada con dramatismo en Página Política, no es periodismo: es un mensaje mafioso. Una advertencia.
Desde La Caldera lo decimos con todas las letras: no es más que una amenaza dirigida a Frigerio, redactada y envuelta como nota de análisis.
Porque acá no hablamos de un periodista cualquiera.
Hablamos de Federico Malvasio, hermano de un juez, parte de una familia que ha cobrado durante años contratos de la Legislatura y que manejó un medio metido hasta el cuello en el corazón del poder provincial. Un medio que siempre tuvo acceso privilegiado a los mismos juzgados, a los mismos fiscales, a los mismos despachos. No es “off”. Es un sistema.
Y ese sistema hoy funciona así:
Los jueces y fiscales “amigos” tienen el expediente y las escuchas bajo llave.
La filtración no sale por error, sale por encargo.
Y el encargado de traducir la intimidación al idioma de la política es Malvasio.
Eso es lo realmente grave: esto no es una filtración, es una derivación directa del expediente hacia un operador mediático del poder judicial. Un hecho de una gravedad institucional enorme. En lugar de denunciarlo, la nota lo normaliza y lo usa para condicionar al gobernador y a su entorno político.
En este esquema, Rosario Romero no es una espectadora inocente.
Fue ministra de Gobierno mientras se consolidaba esta mesa judicial entrerriana y hoy, desde la intendencia de Paraná, mantiene y protege buena parte de esas relaciones: juzgados, fiscales, estudios jurídicos y medios “amigos” que vivieron años del presupuesto provincial y legislativo.
La misma Romero que se presenta como “dialoguista” y “republicana”, tolera y se beneficia de este sistema donde los jueces operan políticamente y los periodistas ligados al funcionariado hacen de voceros de los tribunales.
Que una escucha “bajo siete llaves” aparezca sugerida, glosada y usada para apretar al oficialismo es un síntoma clarísimo:
El poder judicial entrerriano no está controlando al poder político: está negociando con él.
Y cuando quiere mejorar su posición, filtra, aprieta y manda mensajes por medio de sus escribas de confianza.
Desde La Caldera lo resumimos así:
Los chats no se filtraron: los bajaron del expediente y se los entregaron a Malvasio para que haga el trabajo sucio.
No es periodismo.
No es transparencia.
No es ética republicana.
Es la vieja Entre Ríos corporativa, donde un juez, un periodista y un par de contratos en la Legislatura alcanzan para montar una operación que condiciona a todo un gobierno. Y mientras tanto, los entrerrianos siguen sin saber cuántos millones se lavaron de verdad, quién se benefició de la mutual, y quiénes fueron los que, durante años, vivieron del mismo Estado que dicen controlar.
