Pusieron micrófonos y cámaras ocultas en la Casa de Gobierno: en el despacho del gobernador Rogelio Frigerio y en el de su secretario general, Mauricio Colello. El propio Gobierno habló de “extrema gravedad”, de “delito grave” y de una denuncia penal para que se investigue quién los colocó y con qué finalidad. Punto. Arranquemos por ahí: esto no es una falla de protocolo, es espionaje político en el corazón del poder provincial.
Ahora, si alguien cree que esto lo hace “el que cambia el bidón del dispenser”, que se dedique a otra cosa. A esa oficina no entra cualquiera. Para meter un dispositivo ahí hay dos hipótesis serias y ambas son espantosas: o es un remanente de infraestructura “heredada” que quedó, nadie auditó como corresponde y recién ahora aparece, o lo instaló alguien con acceso real, llave, rutina, cobertura y conocimiento fino del edificio. Y ese conocimiento no lo tiene un improvisado: lo tiene gente que caminó la Casa de Gobierno años, que conoce pasillos, horarios, puntos ciegos y excusas técnicas de memoria. Por eso la pregunta no es “¿quién entró?”, sino ¿quién puede entrar sin dejar huella?
Y acá aparece lo que se dice en voz baja desde hace tiempo: en Entre Ríos, cuando se habla de operaciones y espionaje, muchos señalan un nombre que se repite en el barro de la política: Guillermo Michel. No son pocos los dirigentes del peronismo que han denunciado espionaje (el ex presidente del JURY EDUARDO JOURDAN por ejemplo) y amenazas del ex titular de ADUANAS y del riñon de SERGIO MASSA.
Hay un nombre que no puede quedar afuera de este episodio: Jorge Amílcar Luciano García, titular de la acción penal pública en Entre Ríos. Es el mismo procurador que, frente al antecedente Kueider —un hecho sustancialmente igual al de hoy, con grabaciones clandestinas dentro de Casa de Gobierno— dejó pasar la oportunidad histórica de investigar el espionaje. La explicación fue casi obscena: que no se avanzó porque los videos no llegaron “sin editar”, porque daban vergüenza, porque el contenido era íntimo. Como si la vergüenza anulara el deber legal de investigar quién grabó, cómo grabó y desde cuándo. Ese expediente se archivó sin ir al hueso, sin desarmar el sistema que espiaba al poder ni preguntarse que hacian esos dolares mas alla de las explicaciones del abogado CULLEN que dihjo que eran GASTOS RESERVADOS.
García, hombre del riñón político de Halle y de Rosario Romero, dejó impune un hecho que hoy vuelve a repetirse. Y por eso la pregunta es inevitable: ¿va a volver a mirar para otro lado o, esta vez, va a investigar el espionaje y no el morbo?
La Fiscalía no puede ser ajena: ya tuvimos el antecedente Kueider, donde el morbo del franeleo con la secretaria y la pornografia de los billetes tapó lo importante (quién grababa, desde cuándo, cuántos dispositivos había) y no quedó un esclarecimiento a la altura del escándalo.
Tambien el rol de FACUNDO CABRERA hombre ligado al GRUPO OCTOGONO y a funcionarios procesados por espiar a la jueza de San Isidro ARROYO SALGADO y el ex espia JAIME STIUZZO, hoy cercanos a DANIEL ENZ, el portal ANALISIS DIGITAL y la pagina SOCIEDAD Y POLITICA.-
En el medio, Frigerio tiene Ministerio de Seguridad y Justicia y tiene ministro con nombre y apellido: Néstor Roncaglia. Y mientras la agenda pública se llena de fotomultas, cinemómetros y recaudación discutida , y mientras se publican designaciones que huelen a privilegio —como la del hijo del ministro en Aviación Civil— , lo elemental quedó desnudo: no pueden cuidar la Casa de Gobierno. Si alguien puede espiar al gobernador, puede espiar a cualquiera.
Después, sí, viene lo institucional —y al final, como corresponde—: esto no se lo hicieron “a un porteño”. Se lo hicieron a Entre Ríos. Porque el gobernador lo votó la gente, y cuando se espía su despacho se espía la democracia provincial. Y esta vez no puede pasar lo de siempre: que circule el material, que se use el recorte, que se haga política con el video… y que el aparato que espía siga intacto.
