Mauricio Colello sigue juntando poder donde de verdad importa: en la caja. Mientras orbita espacios sensibles del gobierno entrerriano, y eligio el sueldo de $15.000.000.- del directorio del IAPSER, ahora suma otro resorte clave: un convenio con el Consejo Federal de Inversiones que pone 750 millones de pesos a disposición de la Provincia y deja su ejecución en manos de la Secretaría General de la Gobernación.
Ese es el dato central. No el decorado. No la retórica amable sobre producción, turismo, industrias culturales o ciudadanía. Lo importante es que hay una bolsa de 750 millones, dividida en tres desembolsos de 250 millones, con una estructura lo bastante amplia como para que casi todo entre y lo bastante difusa como para que después nadie explique con claridad quién decidió qué.
Y esa plata no queda en un organismo técnico, ni en un esquema de control independiente, ni atada a metas concretas de cumplimiento. Queda en la cocina política del poder. Porque el decreto firmado por Rogelio Frigerio delega en la Secretaría General de la Gobernación la facultad de reglamentar y ejecutar los procedimientos necesarios para hacer operativo el convenio.
Traducido: la plata llega con sello institucional, pero la lapicera queda donde se mezclan la administración, la política y la discrecionalidad.
Lo más delicado es que el convenio incluso permite asistir expedientes iniciados antes de su firma. No se trata solamente de financiar políticas futuras. También habilita la posibilidad de acomodar, cubrir o reconvertir decisiones previas con fondos frescos. Ahí ya no estamos frente a una herramienta neutra de promoción. Estamos frente a una caja flexible, útil para ordenar políticamente lo que haga falta.
En ese esquema, el dato del Hotel Ayuí no es secundario. La propia comunicación oficial del gobierno entrerriano presentó la recuperación del hotel como una acción impulsada por la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello. Es decir: el mismo nombre aparece alrededor de la Secretaría General, del Ayuí y ahora también de un fondo de 750 millones para repartir desde el centro mismo del poder provincial.
Demasiada caja. Demasiada lapicera. Demasiado poder concentrado.
El problema no es que exista un convenio con el CFI. El problema es quién administra esa caja, con qué criterios reales y con qué controles concretos. Porque en el texto no aparecen auditorías externas fuertes, ni parámetros objetivos cerrados para asignar los fondos, ni barreras serias contra el uso discrecional. Lo que sí aparece es una estructura amplia, un manejo centralizado y una rendición que, en los papeles, puede sonar prolija mientras en la práctica deja un margen enorme para el reparto político.
Y ahí está el verdadero tema con Colello. Ya no se trata de un funcionario administrativo más. Se trata de un hombre que cada vez junta más resortes sensibles del Estado y, sobre todo, más caja.
Entre los seguros, la Secretaría General y el Hotel Ayuí, ahora también aparece en el centro de un fondo de 750 millones de pesos.
En Entre Ríos, el poder no siempre se muestra. A veces firma. A veces administra. Y a veces reparte.
