Hay discursos que sobran y responsabilidades que faltan. En Entre Ríos abundan los pronunciamientos, los actos simbólicos, los institutos “con perspectiva”, los comunicados cargados de feminidad declamada y feminismo de ocasión. Pero cuando los hechos son concretos, cuando una mujer denuncia acoso, hostigamiento y violencia sostenida en el tiempo por parte de un abogado colegiado, el silencio es absoluto.
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos —que no es un club social ni una cátedra universitaria, sino un órgano con deberes éticos y disciplinarios— no hace nada. Mira para otro lado. Se esconde detrás de formalismos, excusas administrativas o la ausencia de una condena penal firme, como si la ética profesional empezara y terminara en una sentencia judicial.
Paradójicamente, ese mismo Colegio no duda en perseguir a sus propios matriculados cuando las denuncias provienen de jueces o fiscales molestos por el ejercicio real del derecho de defensa. Allí sí hay celeridad, sumarios, advertencias y condenas morales anticipadas.
Cuando el poder se incomoda, el Colegio actúa. Cuando una mujer denuncia a un abogado, el Colegio se borra.
Lo mismo ocurre con ciertos espacios internos, como el Instituto de Derecho Penal, que despliega toda su artillería doctrinaria y comunicacional cuando se trata de defender jueces, justificar decisiones arbitrarias o blindar estructuras de poder.
Pero cuando la cuestión es estrictamente penal, cuando hay conductas que comprometen derechos fundamentales, integridad psíquica, violencia de género o abuso de posición profesional, no ponen el cuerpo. Nunca lo ponen.
No se trata de cuestionar que abogados defiendan imputados por delitos graves. Eso es parte del Estado de Derecho y nadie serio lo discute.
Lo que sí se cuestiona es la doble moral: el feminismo discursivo que desaparece cuando el denunciado es “uno de los nuestros”, cuando pertenece a la corporación, cuando tiene vínculos, cargos o protección institucional.
El Colegio de la Abogacía tiene la obligación de garantizar los derechos de las mujeres, y también de exigir a sus matriculados un estándar ético acorde a la función que ejercen. Ser abogado no es un privilegio decorativo: es una responsabilidad agravada.
Y cuando esa responsabilidad se viola, no alcanza con mirar para otro lado.
Mientras tanto, hay jueces denunciados por abusos, por violaciones de derechos de niños, niñas y mujeres, por violencia institucional reiterada, y las instituciones que deberían actuar eligen callar. Siempre callan.
Ese silencio no es neutral. Es complicidad.
No se trata de teléfonos que no atienden.
Se trata de voluntades que no existen.
Y de una decisión clara: proteger al poder antes que a las víctimas.
Fuente: https://www.unoentrerios.com.ar/policiales/una-mujer-denuncio-acoso-y-hostigamiento-parte-un-abogado-concordia-n10240785.html
