Eduardo Asueta, exdirigente del PJ y actual gerente de Enersa, presidirá la Agencia de Bienes Inmuebles. Lucía Varisco, que años atrás acusó a Frigerio de intervenir en una operación contra su padre, será vicepresidenta. El peronismo propuso como controladores a tres hombres de su propio aparato. La Provincia ya repartió las llaves, mientras la autoridad de Acceso a la Información Pública continúa sin un director públicamente identificado.
El Gobierno provincial encontró rápidamente autoridades para administrar los campos, terrenos, edificios y propiedades del Estado. Rogelio Frigerio designó a Eduardo Agustín Asueta como presidente y a Lucía Friné Varisco como vicepresidenta de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (AABIPER).
La velocidad contrasta con la implementación de la Ley 11.191 de Acceso a la Información Pública. La norma fue promulgada en febrero de 2025 y creó una Oficina que debe ser conducida por un director elegido mediante concurso de antecedentes y oposición. El portal provincial ofrece dirección, teléfono y correo electrónico, pero no identifica públicamente quién dirige la Oficina ni presenta la nómina de responsables que cada organismo debe designar.
Para garantizar el derecho ciudadano a saber faltan nombres. Para manejar los inmuebles ya están todos sentados.
Asueta: del PJ a los despachos de Frigerio
Asueta hizo su carrera política en el peronismo concordiense. Fue funcionario durante la gestión de Gustavo Bordet, pasó por CAFESG, disputó en 2019 la interna del PJ contra Enrique Cresto y en 2023 volvió a competir por la Intendencia de Concordia desde Nueva Concordia.
Después del triunfo de Frigerio abandonó la pelea electoral y aceptó una gerencia en Enersa. Ahora presidirá la Agencia que concentrará la administración del patrimonio inmobiliario provincial. El cargo será ad honorem, aunque Asueta ya ocupa una función gerencial en la empresa estatal de energía.
También integra una familia con peso en el mundo jurídico. Es primo hermano del fiscal de Concordia José Emiliano Arias y sobrino político del fallecido penalista Julio Federik, autor del Código Procesal Penal entrerriano y figura influyente del foro provincial.
El parentesco con Arias produjo consecuencias judiciales concretas. En 2019, mientras Asueta competía contra Cresto, el fiscal investigó al entonces intendente por presunto peculado y terminó apartado de la causa por ser primo hermano de su rival electoral. Arias llevó a maltraer por períodos al PJ concordiense con investigaciones que alcanzaron a figuras de poder. Después ocurrió lo habitual en Entre Ríos: las causas perdieron velocidad, cambiaron de manos o quedaron atrapadas en recusaciones y trámites interminables.
Varisco: de acusar a Frigerio a trabajar para Frigerio
Lucía Varisco fue diputada provincial y construyó su identidad política alrededor del legado de su padre, el exintendente de Paraná Sergio Varisco. En 2021 acusó a Patricia Bullrich, Rogelio Frigerio y Néstor Roncaglia de haber armado la causa contra su padre. También cuestionó que la UCR se transformara en “furgón de cola del PRO”.
Aquellas denuncias desaparecieron. En 2023 compitió por la Intendencia de Paraná, luego se incorporó al armado electoral de Frigerio y ahora aceptó la vicepresidencia de la Agencia de Bienes. Pasó de acusar al gobernador de sacar políticamente de la cancha a su padre a integrar su gobierno.
La rebeldía radical terminó cuando llegó el nombramiento.
El PJ propone controlarse a sí mismo
La AABIPER contará con un veedor de Gestión y Transparencia que podrá acceder a documentación, observar reuniones, dictaminar sobre operaciones inmobiliarias e informar a la Legislatura. La terna fue presentada por el bloque peronista Más para Entre Ríos: Adrián Alberto Buffa, José Mariano Stegbañer y Julián Fernández Burzaco.
Buffa ocupó cargos administrativos durante los gobiernos del PJ, pasó por Salud y Desarrollo Social y actualmente está adscripto a la Cámara de Senadores. Es un cuadro surgido del universo político donde Rosario Romero conserva influencia. El peronismo ya lo había propuesto para integrar la sindicatura de la Obra Social de Entre Ríos.
Stegbañer fue contratado en el Senado por Juan Diego Conti. Su nombre había quedado en el centro de una polémica cuando fue designado secretario suplente del Juzgado de Paz de Maciá pese a haber terminado quinto en el orden de mérito. El Colegio de la Abogacía de Rosario del Tala cuestionó públicamente aquel procedimiento.
Fernández Burzaco fue durante años gerente comercial del IAPV, uno de los organismos que administró viviendas, terrenos, adjudicaciones y regularizaciones dominiales durante las gestiones peronistas. El PJ más tradicional cambió de oficina y ahora se presenta como control técnico.
Las llaves primero, los archivos después
Frigerio eligió para conducir la Agencia a un exdirigente peronista reciclado como gerente estatal y a una radical que archivó sus acusaciones contra el gobernador. El PJ respondió proponiendo como controladores a tres hombres provenientes de sus propias administraciones y despachos.
Mientras tanto, la Oficina que debe exigir transparencia todavía no muestra públicamente quién la dirige ni quién responde en cada organismo. Hay formulario, domicilio, teléfono y correo electrónico. Falta la autoridad visible que debe hacerse responsable.
Para administrar inmuebles hubo velocidad. Para repartir cargos, eficiencia. Para garantizar información pública, paciencia.
El Gobierno ya encontró quiénes manejarán las llaves de los bienes públicos. Ahora falta que demuestre el mismo entusiasmo para abrir los archivos.
