Página Política aprovechó los problemas de Francisco Azcué para presentar como “unidad” la reaparición conjunta de Gustavo Bordet, Enrique Cresto y Ángel Giano. Pero detrás de la supuesta reorganización aparece una operación más concreta: instalar la fórmula Rosario Romero–Enrique Cresto para 2027.
Azcué puede respirar aliviado. El PJ pretende enfrentarlo mostrando nuevamente a quienes gobernaron Concordia durante décadas y entregaron una ciudad empobrecida, dependiente del Estado y agotada políticamente.
La novedad vuelve a tener las mismas caras.
Cresto: de candidato a gobernador a vice de Romero
Enrique Cresto manifestó públicamente que pretende competir por la Gobernación. Sin embargo, Página Política ya comenzó a ubicarlo en otro lugar: como complemento territorial de Rosario Romero.
Romero encabezaría la fórmula. Cresto aportaría Concordia y abandonaría su candidatura provincial.
El concordiense llega a esa negociación con causas judiciales en trámite. En junio de 2026, el juez de Garantías Mauricio Guerrero rechazó el pedido de nulidad y sobreseimiento presentado por su defensa en la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de productores de seguros durante su gestión municipal.
Cresto sigue imputado y la investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal conducido por Jorge Amílcar Luciano García.
La fórmula aparece escrita con una advertencia política: consenso o calabozo.
La página del hermano del juez
La operación fue publicada por Federico Malvasio, responsable de Página Política y hermano de Juan Francisco Malvasio, juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.
Juan Francisco Malvasio fue designado mediante el Decreto 4529/23 y juró el 4 de diciembre de 2023, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Bordet. El Ministerio de Gobierno y Justicia estaba conducido por Rosario Romero.
La misma página que ahora presenta la unidad del PJ había explicado en 2017 la relación entre Romero, José Carlos Halle y el procurador García. Afirmó entonces que la “escudería Romero–Halle” había sido artífice de la llegada de García a la Procuración y que Halle lo había elegido para conducir el Ministerio Público Fiscal.
Ahora ese medio comienza a sentenciar la fórmula que necesita la mesa política: Romero arriba y Cresto abajo.
García, el armador que no sale en la fotografía
El verdadero ordenador del peronismo entrerriano no aparece necesariamente en las reuniones partidarias. Está al frente de la estructura encargada de impulsar las causas penales provinciales.
Jorge Amílcar Luciano García fue promovido para la Procuración por el espacio político de Romero y Halle. Desde allí conduce a los fiscales que intervienen en expedientes capaces de definir la libertad y el futuro electoral de los dirigentes.
Cresto quiere ser gobernador, pero tiene una causa abierta. La conducción partidaria necesita que acompañe a Romero. Página Política comienza a marcarle el lugar y la Procuración conserva su expediente en movimiento.
No hace falta explicar demasiado el mensaje.
El decreto que trasladó a Ledesma Maximino
La vinculación entre Romero y la Procuración no es una especulación. También está documentada administrativamente.
Guillermo Ledesma Maximino fue secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Gobierno y Justicia encabezado por Romero. Su designación consta en el Decreto 80/19.
El 10 de noviembre de 2023, cuando al gobierno peronista le quedaba un mes de mandato, se dictó el Decreto 4375/23. Mediante esa norma se transfirió el cargo de Ledesma Maximino desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, con destino específico en la Procuración General.
García recibió el cargo y Ledesma Maximino fue incorporado como relator de la Procuración.
Romero dejó el gobierno, pero uno de sus principales funcionarios jurídicos quedó resguardado dentro de la estructura del jefe de los fiscales.
Los adversarios terminan en Tribunales
La historia reciente del PJ entrerriano muestra un método de disciplinamiento.
Sergio Urribarri rompió con Gustavo Bordet, enfrentó a Rosario Romero y terminó condenado. Daniel Rossi denunció hechos de corrupción, desafió a la conducción partidaria y fue expulsado del PJ junto con su abogado, Guillermo Reggiardo, en un Congreso cuya votación fue cuestionada por falta de quórum y ausencia de garantías para ejercer la defensa, ademas Garcia y el Colegio d ela abogacia siguen intentando apartar al abogado de las denuncias sensibles de corrupcion.
Enrique Cresto anunció que quería gobernar Entre Ríos y quedó atravesado por investigaciones judiciales. Ahora se lo invita a regresar al redil, siempre que acepte acompañar a Romero.
Los que enfrentan la mesa de conducción terminan con expedientes, sanciones o expulsiones. Los que acuerdan recuperan rápidamente su lugar en la fotografía de la unidad.
Una fórmula decidida fuera del PJ
Romero necesita un dirigente con peso territorial. Cresto necesita preservar su futuro político. Bordet necesita impedir que una renovación revise sus dos gobernaciones. García conserva el control de la acusación pública. Página Política aporta el relato y presenta el acuerdo como una consecuencia natural de los tropiezos de Azcué.
No hay renovación, interna ni participación de los afiliados. Hay una fórmula organizada desde una mesa donde se mezclan el partido, los medios y la Procuración.
Rosario Romero encabezaría. Enrique Cresto debería acompañar.
El peronismo podrá discutirlo después. El partido judicial ya lo resolvió:
ROMERO–CRESTO, POR CONSENSO O CALABOZO.
