El dirigente concordiense reclamó sanciones partidarias para los legisladores y dirigentes peronistas que acompañen las políticas impulsadas por Rogelio Frigerio y Javier Milei. La propuesta llega en un momento de fuerte tensión interna y obliga al justicialismo entrerriano a revisar una larga historia de acuerdos, contradicciones y silencios.
Las declaraciones de Enrique Cresto no pasaron desapercibidas. En medio de la discusión por la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial, el exintendente de Concordia sostuvo que el Partido Justicialista debe sancionar a quienes acompañen posiciones contrarias a las definiciones partidarias.
El planteo aparece dirigido principalmente a los legisladores que podrían facilitar la aprobación de una reforma que el propio PJ considera perjudicial para jubilados, trabajadores y municipios. Sin embargo, la propuesta abrió una discusión mucho más amplia dentro del peronismo entrerriano.
La primera pregunta que comenzó a escucharse en distintos sectores partidarios fue si la vara que hoy se pretende aplicar servirá también para analizar conductas políticas del pasado.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, numerosos dirigentes justicialistas mantuvieron una relación institucional y política fluida con la administración nacional. Entre ellos se encontraba el propio Enrique Cresto, que como intendente de Concordia compartió actos, anuncios de obras y actividades con el entonces presidente y con Rogelio Frigerio cuando ocupaba el Ministerio del Interior.
En aquel mismo período, Mayda Cresto y Juan José Bahillo llegaron al Congreso Nacional representando al peronismo entrerriano. Mientras el PJ intentaba reconstruirse después de la derrota electoral, gran parte de su dirigencia mantenía canales permanentes de diálogo con la Casa Rosada y destacaba públicamente la llegada de obras y financiamiento nacional.
Por eso, las declaraciones de Cresto generan repercusiones incluso entre dirigentes que coinciden con su rechazo a la reforma previsional. Muchos consideran que la discusión no puede limitarse únicamente a los posicionamientos actuales sino que también debería incluir una revisión autocrítica de los últimos años.
El debate cobra aún más relevancia por antecedentes recientes. El caso de Edgardo Kueider se transformó para muchos militantes en el símbolo de una dirigencia que surgió del peronismo y terminó alineada con políticas completamente ajenas a la tradición justicialista. Lo mismo ocurre con sectores que hoy observan con preocupación la posición que asumirán algunos legisladores provinciales frente a la reforma impulsada por Frigerio.
En ese contexto, nombres como Nancy Miranda y Gladys Domínguez aparecen con frecuencia en las conversaciones políticas sobre el futuro tratamiento legislativo del proyecto y sobre la necesidad de que cada dirigente defina con claridad de qué lado está.
El Congreso partidario previsto para los próximos días tendrá así una discusión mucho más profunda que una simple cuestión disciplinaria. Lo que estará en debate será si el peronismo entrerriano está dispuesto a aplicar una única vara para todos o si continuará diferenciando entre dirigentes según su peso político dentro de la estructura.
Las palabras de Cresto pusieron el tema sobre la mesa. Ahora será el Partido Justicialista el que deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llevar esa discusión.
