En Victoria, el incendio del 30 de diciembre no quedó atrás. No puede. Hay dos muertes que pesan como una sentencia moral sobre cualquier intento de “pasar de página” con frases hechas. Y precisamente por respeto a las familias —no por morbo— es que corresponde decirlo con todas las letras: si el Estado debía prevenir, controlar, inspeccionar o advertir, entonces alguien falló. Y cuando el control falla, la responsabilidad no es una nube abstracta: tiene nombre, cargo, firma y expediente.
En ese clima vuelve a sonar con fuerza el nombre de Fabián Daydé, el funcionario presentado durante años como “experto en incendios”. No se trata de una acusación ligera ni de un linchamiento mediático: se trata de recordar trayectorias públicas que ya fueron noticia y de exigir, ahora, el máximo estándar de transparencia. Daydé volvió a ocupar —según se comenta en el ámbito local— un lugar operativo similar al que tuvo en tiempos de Darío Garcilazo y, antes de eso, integró la estructura provincial vinculada al espacio de Laura Stratta, hasta que un exabrupto lo obligó a renunciar. Esa salida no fue un detalle menor: fue pública, fue política y fue tomada como incompatible con la responsabilidad institucional del área. Por eso hoy, cuando se habla de una posible citación judicial vinculada a las muertes del 30 de diciembre, lo que sorprende no es la posibilidad de la citación: lo que sorprendería sería lo contrario, que nadie pregunte nada.
La pregunta que debería ordenar el debate es simple y brutal: ¿qué sistema de prevención y control existía y por qué no funcionó? Porque el discurso clásico de la “fatalidad” es cómodo para los funcionarios, pero insoportable para una comunidad que entierra muertos. Si el lugar tenía obligaciones de seguridad, si correspondían inspecciones, si había protocolos de evacuación, si se controlaban matafuegos, salidas, instalación eléctrica, condiciones de trabajo; si todo eso era exigible, entonces la investigación debe reconstruir la cadena completa y colocar cada eslabón en su sitio. No para armar un show, sino para que la tragedia no se repita.
Y acá aparece el segundo núcleo, todavía más incómodo: la incompatibilidad. En cualquier administración seria, es inadmisible que quien controla sea, al mismo tiempo, proveedor directo o indirecto de lo que controla. Si un funcionario con tareas vinculadas a inspección, habilitación, certificación o auditoría en materia de seguridad contra incendios tiene además un negocio de “elementos ígneos”, matafuegos o insumos del rubro, el conflicto de interés es evidente: se contamina el control, se degrada la confianza pública y se instala la sospecha de que el Estado se vuelve un mostrador. Si no existe ese vínculo comercial, entonces no hay nada más fácil que despejarlo: acto de designación, funciones precisas, declaración de actividades y, si corresponde, constancias comerciales. Lo que no es aceptable es el terreno intermedio donde todo se “sabe” pero nadie lo prueba, donde el rumor reemplaza al documento y la política se protege detrás de silencios.
Por eso esta nota no pretende dictar condenas ni anticipar decisiones de fiscales o jueces. Pretende algo más elemental y, a la vez, más revolucionario en la Argentina: que se publiquen los papeles y se explicite la cadena de responsabilidades. Si Daydé está en funciones, que se muestre el acto y el alcance real de su rol. Si se habla de citación, que la Justicia informe con claridad el estado del proceso y las medidas ordenadas. Si hay conflictos de interés, que se acrediten o se descarten con documentación. En una causa con muertos, el “no pasa nada” es la forma más cruel de violencia institucional: le exige a la sociedad resignación y a las familias, silencio.
Victoria no necesita héroes de utilería ni expertos de cartel. Necesita un sistema que funcione cuando no hay cámaras, cuando no hay declaraciones y cuando la única prioridad debería ser evitar que el fuego se lleve otra vida. Y si el sistema falló, entonces sí: los nombres importan. No por venganza, sino por justicia y por prevención. Porque la única manera de honrar a las víctimas es que la próxima vez —si hay una próxima vez— el Estado llegue antes que la tragedia.
