En Entre Ríos la parrilla institucional no está apagada. Está prendida hace rato. El detalle es más fino y más incómodo: el fósforo lo manejan ellos. Cuando el humo sube, no sube por casualidad. Sube porque alguien decidió que era hora de girar la carne de otro, mientras la propia sigue en zona templada, protegida por una tapa pesada de corporación y silencios prolijos.
El caso Susana Medina entró en esa fase peligrosa donde la denuncia deja de ser chisme y se vuelve dinámica política. Al pedido de juicio político por ausencias injustificadas que ya estaba en agenda, se sumó una nueva denuncia presentada por la ONG Entre Ríos sin corrupción, que agrega causales como abandono de funciones y morosidad. Según la publicación, el señalamiento incluye niveles muy altos de demora en el despacho de la magistrada durante 2024 y 2025. En paralelo, la discusión pública mantiene vivo el dato de los 668 días hábiles de ausencias computados en distintos períodos, que fue uno de los disparadores de esta tormenta.
Hasta acá, el libreto clásico. Pero la pregunta que flota como ceniza caliente es otra: si esto avanza, ¿se corta solo una cabeza o se abre el show completo? Porque ya suenan nombres. Se habla de Carubia, y no solo por antigüedad o peso interno, sino por el historial de críticas sobre manejo de viáticos y rutinas de funcionamiento en el alto cuerpo que algunos medios vienen documentando desde este año.
Y también aparece “García” en la conversación de pasillos, incluso con esa confusión persistente que en Entre Ríos ya es deporte federado: algunos insisten en llamar a todo “juicio político” cuando, en rigor, el esquema constitucional también incluye el Jurado de Enjuiciamiento, que tiene otra integración y otra lógica, aunque muchos lo perciban como un motor que no arranca.
La dimensión Gualeguaychú suma combustible. No porque el derecho sea un decorado, sino porque el poder siempre sabe elegir dónde el decorado rinde más. La habilitacion de Davico es un recuerdo que todavía muerde en esa ciudad, y el ruido sobre mandatos en curso, más las tensiones internas del PJ entre sectores vinculados a Michel y Bahl siguen ordenando ambiciones y resentimientos. Todo eso convierte al STJER en una pieza más dentro de una disputa territorial que nunca fue solo jurídica.
Y acá entra el capítulo que más incomoda al manual de urbanidad institucional. Hay quienes miran de reojo a Pullaro y leen en la pasividad de Frigerio una jugada más sofisticada: dejar que el proceso madure hasta que el sistema se fatigue y, con dos o tres sillas “liberadas”, rearmar el tablero con nombres propios. Esto no es dato duro, es clima político. Pero el clima político, en Entre Ríos, suele ser antesala del expediente. En esa línea, Ana Clara Pauletti aparece otra vez como nombre posible para el STJ, algo que ya había circulado en listas de consideración en años recientes. Si además hay operadores que prometen lugares, eso hoy pertenece al territorio de los rumores, pero los rumores son el idioma materno de las transiciones de poder.
El punto de fondo no es si Medina “merece” o no el fuego. El punto es que el fuego se administra. La parrilla de los juicios políticos, cuando existe, se enciende selectivamente. No por salud institucional, sino por control de daños. Si el sistema percibe que una chispa puede incendiar la cocina completa, pone el matafuego. Si percibe que esa chispa sirve para reordenar jerarquías sin pagar demasiado costo, sopla para que arda.
Por eso la imagen correcta no es la del juicio político como acto purificador. La imagen correcta es la de un ambiente cerrado, contaminado tras años de ocultismo, donde cualquier ventilador encendido puede convertir el polvo en tormenta. Y a veces, cuando las tormentas se levantan dentro de tribunales blindados, no caen sobre el más débil. Caen sobre el que se quedó sin paraguas político ese día.
