En un episodio propio de un régimen autoritario, efectivos policiales buscaron a una menor en su domicilio para notificarla por una causa judicial. El motivo real: hostigar a su padre, abogado denunciante de una red de narcotráfico y armado de causas en Entre Ríos.
Lo que ocurrió en la ciudad de Victoria supera cualquier límite tolerable. Funcionarios policiales, por orden judicial, fueron a buscar a una niña de apenas 9 años para notificarla en el marco de una causa penal. ¿La razón? Ninguna que se sostenga en derecho. En realidad, lo que se esconde detrás es una nueva escalada persecutoria contra su padre, un abogado que viene denunciando desde hace años al fiscal Fernando René Martínez, investigado por narcotráfico y señalado por armar causas para encubrir a verdaderos responsables del delito.
Según relataron testigos del barrio, los efectivos se presentaron preguntando por el número de teléfono de la niña. A través de vecinos, intentaban localizar al padre. La menor, al ver el operativo, se quebró en llanto, pensando que su papá iba a ser detenido. El daño emocional es incalculable. Pero para la justicia de Gualeguay, eso no parece importar.
Este episodio no es aislado: se inscribe en una secuencia de amedrentamientos que incluyen causas armadas, citaciones irregulares y espionaje sobre familiares. Lo grave ahora es que no solo se ataca a los abogados que denuncian la corrupción del sistema, sino también a sus hijos.
Mientras tanto, la justicia que permite este atropello es la misma que, con desidia y negligencia, deja libres a femicidas reincidentes y obliga a mujeres golpeadas a convivir con sus agresores. Las causas de violencia de género se desinflan, se cajonean, se obligan a retirar denuncias. Pero cuando se trata de disciplinar a quien denuncia al poder, no hay protocolo que valga: ni la niñez, ni la salud mental, ni los derechos humanos son respetados.
En Gualeguay y Victoria, se consolida un modelo judicial que actúa con brutalidad selectiva. Para los amigos, impunidad; para los que denuncian, castigo. Lo que ocurrió con esta niña de nueve años debe investigarse y sancionarse. Porque cuando el Estado va contra los hijos, no estamos ante un error: estamos frente a una estructura de persecución.
