Un año atrás, la Ruta 39 fue escenario de una tragedia que dejó cuatro jóvenes muertos. No fue una victoria, fue una derrota social, institucional y humana, provocada —según denuncian los familiares— por el vaso de más que tomó Juan Ruíz Orrico, quien conducía a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol.
Hoy, mientras esas familias siguen pidiendo justicia, el acusado ya estaría cumpliendo prisión domiciliaria, según sugieren las propias notas judiciales. Orrico es joven, estaba en funciones como funcionario público, no tiene patologías médicas que justifiquen la domiciliaria. Sin embargo, ya no duerme en una celda, sino en su casa. Y con salidas sociales.
Aún peor: la madre de dos de las víctimas denunció públicamente que Orrico le ofreció dinero para pactar un juicio abreviado. Es decir, que intentó comprar la impunidad. Y lo más doloroso: el sistema parece dispuesto a venderla.
Mientras tanto, en Entre Ríos, la misma justicia que le otorga beneficios a Orrico, le pide dos años de prisión efectiva a un abogado por un accidente en moto en el que una chica se quebró la muñeca. ¿Cuál es la diferencia? En ese caso no hubo muertos, no hubo alcohol, y no hubo una camioneta oficial detrás. Solo hubo una denuncia contra un fiscal. Y eso —al parecer— pesa más que matar a cuatro jóvenes.
