Diego Albornoz violó la restricción perimetral, irrumpió por una ventana y apuñaló a la mujer mientras dormía. El hecho ocurrió a pocos días de una denuncia por violencia de género. Desde hace 13 años, la Fiscalía de Género en Entre Ríos es ocupada sin concurso por la Dra. Flavia Villanueva.
La ciudad de Victoria amaneció este martes con una tragedia que pudo haberse evitado: Soledad Andino, de 41 años y madre de cuatro hijos, fue asesinada por su expareja, Diego Albornoz, quien se encontraba en libertad bajo una medida de restricción por antecedentes de violencia. El crimen ocurrió cerca de las 7:20, en la vivienda de la víctima, ubicada en Liniers y Pringles, cuando el femicida ingresó por una ventana y la atacó con un arma blanca mientras dormía.
Albornoz, de 46 años, intentó quitarse la vida con un corte en el cuello y se encuentra internado, bajo custodia policial. Según fuentes judiciales, el agresor había sido detenido en diciembre de 2024 por desobediencia judicial y amenazas, y días atrás fue denunciado nuevamente por Soledad, tras reiterados episodios de hostigamiento. Pese a ello, continuaba libre.
Tras cometer el crimen, el femicida llamó a su actual pareja y confesó lo ocurrido. Fue esta mujer quien alertó a la Policía.
LA AUSENCIA DE POLÍTICAS EFECTIVAS DE PREVENCIÓN
La causa está a cargo de los fiscales Eduardo Guaita e Iván Yedro. Sin embargo, cabe destacar una omisión institucional grave: desde hace más de 13 años, la Fiscalía especializada en Violencia de Género de Entre Ríos es ocupada sin concurso por la Dra. Flavia Villanueva. La falta de un proceso transparente de selección y renovación en un cargo clave para la protección de víctimas deja expuestas las fallas estructurales del sistema judicial en materia de género.
UNA MUJER HABÍA PEDIDO AYUDA. EL ESTADO NO RESPONDIÓ.
El femicidio de Soledad Andino se suma a la larga lista de mujeres asesinadas luego de acudir al sistema judicial en busca de protección. Su caso evidencia que las denuncias por sí solas no salvan vidas si no van acompañadas de medidas efectivas, controles adecuados y fiscales comprometidos con una perspectiva de género activa.
Soledad pidió ayuda. Denunció. El Estado miró para otro lado. Hoy, sus cuatro hijos quedaron sin madre. Y Entre Ríos sigue sin un fiscal de género elegido democráticamente, mientras la violencia machista se cobra otra víctima.
