El Gobierno de Entre Ríos rechazó, mediante el Decreto N.º 1906/2025, el pedido de recomposición salarial presentado por Maricela Faccendini, ex jueza de Victoria y hoy secretaria judicial, quien pretendía cobrar un 25,57% adicional en sus haberes bajo el argumento de la suspensión del “enganche” judicial durante la emergencia económica y sanitaria de 2020-2021.
Un pedido sobre sueldos millonarios
La solicitud fue presentada en 2023, con patrocinio letrado, exigiendo diferencias salariales retroactivas e intereses. El planteo buscaba que la provincia abonara sumas millonarias a una funcionaria judicial que hoy percibe remuneraciones que superan los 10 millones de pesos mensuales, en un contexto donde la mayoría de los empleados estatales pelea por aumentos mínimos y por debajo de la inflación.
El decreto, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Hacienda y Finanzas Fabián Boleas, señala que no existe deber legal alguno de pagar lo reclamado, dado que la Ley N.º 10.806 suspendió los mecanismos automáticos de actualización salarial.
Argumentos técnicos
La resolución se apoya en dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Fiscalía de Estado, que remarcaron:
- El “enganche automático” con los sueldos de la Corte Suprema estuvo suspendido por ley durante la emergencia, y esa suspensión fue avalada por la justicia entrerriana en múltiples fallos.
- La diferencia invocada del 25,57% no estaba probada ni documentada en términos matemáticos ni jurídicos.
- Los aumentos otorgados en el período se hicieron por paritarias y decretos provinciales, respetando los estándares constitucionales de razonabilidad y temporalidad.
En palabras de la Fiscalía, el reclamo “carece de sustento jurídico” y su aceptación hubiera implicado un acto discrecional, no una obligación del Estado.
¿Justicia para defender sueldos de privilegio?
El rechazo deja planteado un interrogante político y social: ¿hasta dónde llegarán los funcionarios judiciales en su intento de blindar y ampliar haberes que ya se cuentan en millones?
El decreto no solo desestima el planteo de Faccendini, sino que envía un mensaje claro frente a la presión corporativa: el Estado no convalidará recomposiciones retroactivas para quienes perciben ingresos de privilegio, aún cuando intenten llevar su reclamo a los tribunales por sus propios sueldos.
Un contraste con la realidad
Mientras jueces, ex jueces y secretarios discuten por diferencias salariales millonarias, en la provincia docentes, enfermeros y trabajadores de la administración pública siguen recibiendo haberes que no alcanzan la canasta básica. La polémica evidencia una vez más la grieta entre los sectores de poder del Poder Judicial y el resto de los trabajadores estatales.
Faccendini actualmente es secretria del Juzgado del Juez Marquez, designado por Bordet a pesar de no ganar su concurso.–
