Paula Armándola, expresidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos y actual integrante del Consejo de la Magistratura, presentó una denuncia contra las nuevas autoridades del Colegio por supuesta violencia institucional, hostigamiento y difamación. Según la publicación que circuló en redes, la presentación apunta contra Germán Solari, Carolina Ledesma, Alcides Cogno, Juan Lanzi y Luisina Pretis, y sostiene que se utilizaron canales oficiales y publicaciones periodísticas sobre su gestión para desacreditarla. La causa, siempre según esa difusión, tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Paraná, bajo el expediente 27025.
El conflicto no nace ahora. Armándola fue electa en septiembre de 2024 como miembro titular del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos en representación del sector de organizaciones no gubernamentales y juró en octubre de ese año, para el período 2024-2026. Esa designación la colocó en un lugar institucional sensible, porque no sólo presidía el Colegio, sino que además pasó a integrar el organismo que interviene en la selección de magistrados.
Durante 2025, sin embargo, la gestión del Colegio quedó envuelta en fuertes cuestionamientos internos. Distintos medios informaron que 95 matriculados promovieron una Asamblea Extraordinaria para tratar la remoción del Comité Ejecutivo, con denuncias por gastos millonarios, discrecionalidad en el manejo de fondos y mal desempeño institucional. La propia Armándola rechazó esas acusaciones públicamente y sostuvo que se trataba de calumnias, injurias y amenazas de denuncia.
Por eso, la denuncia actual no puede leerse sólo como un planteo por violencia institucional. También aparece como la continuación judicial de una disputa política e institucional abierta dentro del Colegio, en la que se mezclan las críticas a la gestión anterior, la difusión de esas irregularidades y la pelea por la representación de un cargo clave. El punto de fondo es ése: detrás de la acusación contra las nuevas autoridades, también está en juego quién conserva o condiciona el lugar del Colegio en el Consejo de la Magistratura. Esa es la dimensión que vuelve más delicado el caso, porque ya no se trata únicamente de una interna corporativa, sino de una pelea con efectos sobre un órgano central del sistema judicial entrerriano.
