Hay números que no son “técnicos”, ni “contables”, ni “de administración pública”. Son números morales. Y en Paraná, el dato que circula con insistencia —$349 millones al año por concejal, es decir $29 millones mensuales de costo total— es una cachetada a la sociedad que paga tasas, pelea por un turno en salud, y ve cómo se le deshilacha la calle, la escuela, la seguridad y el trabajo.
Lo que habria que indagar es si ¿el reparto es equitativo o hay algunos REGALONES con mayores PRIVILEGIOS que otros?
Que nadie se haga el distraído: no estamos hablando del “sueldo de bolsillo”. Estamos hablando del costo político completo: dieta, aportes, seguros, y la estructura de asesores y secretarios. El paquete entero. El Estado sosteniendo una maquinaria que, en demasiadas ocasiones, se percibe más preocupada por cuidarse a sí misma que por resolverle la vida a la gente.
Y mientras Paraná discute su Presupuesto 2026 de $234.690 millones, el ciudadano común escucha este número —$29 millones mensuales por edil— y se pregunta lo obvio: ¿qué produce exactamente ese gasto? ¿Qué mejora concreta, medible y verificable recibe el vecino por ese “costo operativo”? ¿Más control del Ejecutivo? ¿Más ordenanzas que cambien la realidad? ¿Más transparencia? ¿Más austeridad? ¿O más burocracia autojustificada?
Los “privilegios” no son un detalle: son el sistema
Hay otro dato que agrava el cuadro: la Ordenanza 10.151, que permite que en Paraná los concejales cobren antigüedad, algo excepcional en Entre Ríos. Traducido: el esquema no sólo sostiene estructuras, sino que premia permanencias. En un país donde la inflación licúa salarios y jubilaciones, donde el mérito se predica y el esfuerzo se romantiza, el poder político se reserva reglas propias. Y después se sorprenden del desprestigio.
Como referencia comparativa, hacia septiembre de 2025 se hablaba de una escala con haber bruto cercano a $2.563.979 y un neto superior a $2.124.000. Bien: incluso si ese número se actualiza por inflación, la indignación social no nace de la cifra salarial aislada. Nace de la suma de todo: sueldo + estructura + costos + beneficios + opacidad.
Santa Elena: cuando el contraste se vuelve escándalo
Ahora miremos el contraste que duele: Santa Elena. Allí, según el dato que planteás, un concejal “cuesta” $579.600. Repetimos: $579.600 contra $29.000.000 mensuales.
No es una diferencia: es un abismo.
Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere responder en voz alta:
¿Paraná tiene 50 veces más problemas? ¿50 veces más resultados? ¿50 veces más control? ¿50 veces más eficiencia institucional?
Porque si el costo es monumental, la contraprestación debería serlo. Pero lo que la ciudadanía percibe, muchas veces, es lo contrario: que el esfuerzo se exige abajo y la comodidad se administra arriba.
Austeridad no es discurso: es recorte real y transparencia brutal
Si el Concejo Deliberante quiere recuperar legitimidad, hay medidas básicas que no admiten excusas:
- Publicación inmediata y accesible de: dietas, adicionales, antigüedad, asesores, secretarios, viáticos, seguros, gastos de bloque, contratos, y todo gasto asociado.
- Tope y reducción de estructuras: menos asesores, perfiles técnicos reales, funciones verificables.
- Revisión de privilegios normativos (incluida la antigüedad): si se sostiene, que se justifique con fundamentos públicos, no con silencio administrativo.
- Indicadores de desempeño: asistencia, proyectos, ordenanzas efectivas, control del gasto, impacto territorial. La política debe rendir cuentas como cualquier administración seria.
Porque si no, esto no es “gestión”: es mantenimiento de casta con recursos públicos.
Paraná no necesita concejales caros. Necesita concejales útiles. Y si el número real —o incluso el proyectado— ronda $29 millones por mes por edil, lo mínimo que corresponde es un debate brutal, sin maquillaje, sin eufemismos, sin “gastos de funcionamiento” dichos con cara de póker.
El contribuyente ya entendió todo. Falta que lo entienda el poder.
