La megacausa por los “Créditos Truchos” del programa Jóvenes Emprendedores vuelve a tensarse en la cúpula política del peronismo entrerriano. En tribunales y en los pasillos del organismo de control provincial se repite la misma idea: terminada la feria judicial, el expediente podría dar el salto que viene postergando desde el inicio: imputaciones a quienes tuvieron la conducción política del programa y del dinero público.
Los nombres que aparecen en el centro del radar son Laura Stratta (exministra de Desarrollo Social / Acción Social y luego vicegobernadora) y Juan José “Juanjo” Bahillo (exministro de Producción), señalados en publicaciones periodísticas como “padres políticos” de una operatoria que ya exhibe indicadores de fraude masivo.
1) Qué se sabe de la causa: un esquema repetido, miles de papeles, poca verdad
La investigación penal —con el fiscal Gonzalo Badano al frente— se apoya en un patrón que se repite: beneficiarios que nunca cobraron, otros que cobraron pero entregaron el dinero a terceros, firmas dudosas, facturas adulteradas, rendiciones por declaraciones juradas estandarizadas y créditos otorgados incluso a personas que ya estaban en mora, algo expresamente prohibido por la normativa del propio programa.
En un relevamiento difundido por la prensa, se menciona que Badano ya habría indagado a 150 personas y que solo cinco créditos del universo revisado serían “legítimos” (los únicos con devolución iniciada), mientras “aparecen dos o tres nuevos casos por día” y la maniobra típica es la presentación de facturas apócrifas para justificar proyectos inexistentes.
Por su parte, un informe periodístico previo describió la dimensión administrativa del caso: más de 930 expedientes aprobados entre 2018 y 2022, por montos unitarios (según esa misma nota) entre $50.000 y $150.000, acumulando un perjuicio estimado de casi $95 millones (cifra histórica, no actualizada).
2) Por qué ahora “sube” la causa: el elemento que vuelve a Stratta imputable
El punto que cambia la temperatura del expediente es uno: el rol del Tribunal de Cuentas como “sello” de legalidad.
Una publicación de fines de octubre sostuvo que auditores del organismo de control habrían declarado que fueron “presionados” por la entonces ministra para firmar resoluciones y aprobaciones que hoy aparecen vinculadas a operaciones fraudulentas. La nota describe que la ministra habría llamado “personalmente” para pedir que “salgan urgente” y hasta habría aportado nombres de supuestos beneficiarios.
Si esa línea se confirma procesalmente, ya no se discute solo “qué hizo Gebhart” (el ejecutor administrativo que aparece imputado) sino cómo se construyó el aval formal del Estado:
- porque el auditor firma para legitimar;
- y si la firma se obtuvo bajo presión jerárquica o con conocimiento de irregularidades, la responsabilidad sube a quien ejercía el mando político.
Dicho en criollo: sin cobertura institucional, no hay megaestafa sostenida en el tiempo.
3) Por qué Bahillo entra en la hipótesis penal
El nombre de Juan José Bahillo aparece reiteradamente en la reconstrucción pública del caso por una razón central: el programa migró de órbita y continuó operando cuando el área pasó a Producción, sin que el Estado haya frenado el mecanismo ni haya “cortado” el flujo de expedientes dudosos.
En febrero de 2025 se publicó que, “según trascendidos”, el principal imputado Pedro Gebhart podría buscar un abreviado que dejaría “afuera” de la investigación a Stratta y Bahillo, y se remarcó que Gebhart, al convertirse Stratta en vicegobernadora, pasó a Producción bajo la conducción de Bahillo, sosteniendo la operatoria del programa.
Esa es la clave: si el circuito siguió con los mismos actores y las mismas fallas, la discusión no es solo “qué se robó”, sino quién tenía el deber de control y decisión política para cortar la maniobra, ordenar auditorías reales, y denunciar internamente cuando aparecieron señales (que hoy están a la vista en testimonios y expedientes).
4) Responsabilidad: qué podría sostener la imputación “después de la feria”
Sin inventar delitos ni adelantar condenas, lo que describen las publicaciones permite entender por dónde podría entrar la imputación (según cómo lo sostenga la Fiscalía con prueba formal):
a) Responsabilidad por conducción y dominio funcional del programa
Stratta aparece como figura de origen y conducción política en la etapa clave del esquema; Bahillo, como titular del ministerio donde el programa siguió funcionando. Ese punto es el cimiento de cualquier imputación por administración fraudulenta, peculado u otros encuadres que la Fiscalía defina, si acredita participación o aporte necesario.
b) Deber de control y omisión relevante
Hay indicios descriptos públicamente —beneficiarios que no cobraron, rendiciones con facturas adulteradas, declaraciones juradas “clonadas”, segundos créditos a morosos— que, de ser sistémicos, vuelven verosímil la tesis de que no se trató de “errores aislados” sino de un patrón que debió disparar alarmas institucionales. Análisis
c) Presunta presión a auditores
Si se acreditara que hubo presión para que auditores avalen resoluciones, se abre una hipótesis mucho más grave: conocimiento + impulso para sostener el “trámite” que daba apariencia legal. Esa es la llave que “rompe el techo” del expediente.
d) Posibles quiebres internos / arrepentidos
También se publicó que el entorno de investigados evaluaría figuras de colaboración que podrían comprometer a Stratta (y por arrastre, a la cadena política). Si ese elemento se concreta judicialmente, suele ser el paso previo a citaciones de mayor jerarquía.
5) El dato político: por qué esta causa puede ser “más grande” que Contratos Truchos
El caso no solo es penal: es un hecho político estructural. La propia prensa local comparó el mecanismo con la lógica de “Contratos Truchos”: expedientes, firmas, sellos, control formal, y el Estado convertido en una máquina de legitimar salidas de fondos.
Y a diferencia de un fraude “técnico”, acá el daño social es doble:
- se vacía un programa pensado para jóvenes emprendedores;
- se deja a personas comunes con intimaciones y deudas por dinero que —según testimonios— nunca tuvieron o del que solo recibieron migajas.
LO QUE VIENE
La pregunta ya no es si hubo “irregularidades”: eso está en el corazón de las declaraciones, documentos y relatos que circulan desde hace meses. La pregunta es si, luego de la feria, la Justicia entrerriana se anima a lo que la causa viene insinuando: imputar a la conducción política del circuito de fondos.
Si la Fiscalía avanza con la línea del Tribunal de Cuentas (presiones, avales, firmas), y si el expediente logra sostener con evidencia formal lo que hoy describen varias publicaciones, Stratta y Bahillo podrían pasar de “responsables políticos” a imputados en una causa que amenaza con convertirse en el mayor escándalo de desvío de fondos sociales de la última década en Entre Ríos.
