Su regreso fue celebrado como una reivindicación. Para muchos, sigue siendo la fiscal que se animó a avanzar sobre estructuras de corrupción que parecían intocables. En una provincia donde la impunidad suele tener despacho propio, Goyeneche supo representar algo distinto: la posibilidad de que alguien tocara intereses reales.
Pero ese relato, tan potente como conveniente, omite un dato central. Lo que dejó expuesto su caso no es solo una destitución irregular, sino cómo funciona el sistema judicial entrerriano: magistrados que no cumplen reglas básicas sin consecuencias, organismos de control que aparecen o desaparecen según el nombre del involucrado, y una doble vara que se aplica con precisión quirúrgica.
Porque aun aceptando que su remoción fue viciada, la pregunta sigue vigente: ¿puede erigirse en símbolo absoluto de imparcialidad una funcionaria cuestionada por no apartarse en una causa donde existía una relación de cercanía con un imputado? Ese punto no desaparece por más que el jury haya sido anulado. Y en una provincia donde al ciudadano común se le exige todo y al poder se le perdona casi todo, esa discusión es inevitable.
Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que nada cambió.
Ahí está la decisión del procurador Jorge Amílcar García: imputar a los presidentes de las cámaras apenas por peculado culposo en el escándalo de los contratos. Traducido: frente a una maniobra que implicó decenas de millones de dólares, la respuesta institucional es una figura menor, con pena de multa. Como si el mensaje fuera siempre el mismo: los millones desaparecen, pero los responsables también.
La teoría que se intenta instalar es insultante: que los 53 millones de dólares se los llevaron “perejiles”. Que no hubo estructura, ni cobertura, ni decisión política. Una ficción que no resiste el menor análisis.
En ese contexto, la vuelta de Goyeneche también genera otra lectura, menos épica y más realista. En ámbitos judiciales se especula que su restitución podría ser apenas el paso previo a una salida ordenada hacia el Tribunal Oral Federal, donde ya integra una terna. Si eso ocurre, su regreso no habrá sido para incomodar al poder, sino para dejar de hacerlo sin conflicto.
Y entonces la pregunta cambia: ¿la restituyen para que investigue o para sacarla del medio sin ruido?
Mientras tanto, Entre Ríos sigue acumulando causas graves, denuncias pesadas y situaciones que exigirían fiscales con la decisión que alguna vez se le atribuyó a Goyeneche. Pero eso no aparece. No en los temas sensibles, no en las estructuras profundas, no en los hechos que verdaderamente comprometen al poder.
Lo que sí aparece es un Ministerio Público Fiscal selectivo: activo para delitos menores o conflictos políticos locales, pero notablemente ausente cuando hay que avanzar sobre intereses grandes. No es casualidad. Es funcionamiento.
Por eso Goyeneche divide. Para algunos, es la fiscal que pagó el precio de haber ido demasiado lejos. Para otros, su historia confirma algo más incómodo: que el sistema no destruye a nadie sin motivo, pero tampoco devuelve a nadie sin condiciones.
Y ahí está el problema de fondo. Entre Ríos no necesita relatos heroicos ni restituciones administrativas. Necesita una justicia que deje de simular y empiece a incomodar de verdad.
Porque si los fiscales que incomodan terminan reubicados, y los que no incomodan permanecen, entonces ya no hay dudas: el problema no es una persona. Es el sistema.
