La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) emitió un duro comunicado en el que apunta directamente contra la Municipalidad de Paraná, encabezada por la intendenta Rosario Romero, por el esquema implementado en el cambio de concesionario del transporte urbano de pasajeros, al que califica como un precedente peligroso capaz de quebrar el sistema en todo el interior del país.
Según advierte la entidad que nuclea a las empresas de transporte, el municipio impulsó una nueva arquitectura regulatoria sin medir sus efectos sistémicos, sociales ni económicos, trasladando de manera arbitraria y retroactiva costos laborales millonarios a las empresas salientes, sin previsión contractual ni reconocimiento económico alguno. Esta decisión, validada por el poder concedente local, rompe —según FATAP— principios básicos de razonabilidad, previsibilidad, igualdad entre oferentes y seguridad jurídica.
Uno de los puntos centrales del comunicado es la cuestión salarial. FATAP recuerda que la carga laboral es el principal pasivo de la actividad, y que imponer su asunción fuera de toda previsión contractual distorsiona la competencia y altera la ecuación económico-financiera de los contratos vencidos, generando un perjuicio patrimonial directo y grave para las empresas que dejan de prestar el servicio.
Desde el punto de vista jurídico, la federación considera inadmisible que se pretenda trasladar esa obligación al prestador saliente, cuando el contrato que finaliza no contemplaba compensación ni mecanismo alguno para absorber ese devengamiento, justamente porque nunca formó parte de la concesión original. Para FATAP, se trata de una modificación retroactiva del contrato, impulsada y avalada por la Municipalidad de Paraná.
El comunicado también advierte que esta “ingeniería normativa”, promovida desde el poder concedente local, termina favoreciendo nuevas concesiones bajo reglas poco claras, erosionando los códigos históricos que permitieron sostener la actividad y generando un marco de incertidumbre que excede largamente a la ciudad de Paraná.
Las consecuencias, señala FATAP, no recaen solo sobre las empresas, sino también sobre 237 trabajadores del sistema, quienes lejos de verse protegidos quedan expuestos a la pérdida de continuidad laboral y al riesgo cierto de no cobrar indemnizaciones, especialmente ante escenarios de quiebra o concurso preventivo de las empresas salientes.
En ese contexto, la federación anunció que no permanecerá pasiva y que evalúa acciones institucionales, políticas y jurídicas para defender la seguridad jurídica, la equidad en las licitaciones y la viabilidad económica del transporte urbano en todo el país. Además, instó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a asumir una posición institucional clara y responsable, advirtiendo que las “soluciones aparentes” terminan exponiendo aún más a los trabajadores.
“Paraná constituye una señal de alerta para todo el sistema”, subraya FATAP, y concluye con una advertencia política directa: la competitividad no se logra destruyendo patrimonio empresario, empujando a las empresas al quebranto y utilizando a las familias trabajadoras como variable de ajuste.
El comunicado deja así en el centro de la escena a la gestión de Rosario Romero, a quien el sector empresarial del transporte responsabiliza por una decisión que, de no revertirse, podría tener consecuencias estructurales para el transporte urbano en todo el interior del país
